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El PSOE reclama en el Congreso que la droga incautada se destruya inmediatamente
Según explican en la exposición de motivos, hay una contradicción entre lo que dispone el Código Penal y la Lecrim, ya que mientras el primero establece que la droga se puede destruir si el juez, previa comunicación de autoridad administrativa, “no lo prohíbe”, la segunda exige que el “autorice expresamente” la destrucción.
“Es preciso aunar esfuerzos entre los agentes intervinientes en la investigación para cumplir el mandato legal y asegurar la pronta destrucción de la droga, que se acordaría en el mismo momento de su puesta a disposición de la autoridad judicial, una vez se hayan tomado las muestras necesarias. Finalizado el procedimiento, se procedería a la destrucción de las muestras conservadas”, ha explicado el portavoz socialista de Interior, Pedro Muñoz.
En este sentido, los socialistas plantean que pueda decretarse la destrucción, “dejando muestras suficientes”, cuando resultase conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro que comporte su almacenamiento. Todo ello previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario.
En el caso de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, también pide que se procede a su inmediata destrucción, igualmente conservando las muestras suficientes para la investigación, salvo que el juez, previa consulta al fiscal, y en el plazo improrrogable de 72 horas desde su incautación, ordene la conservación total. En todo caso, habra de quedar constancia en los autos de la naturaleza, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos destruidos.
ROBOS EN DEPÓSITOS OFICIALES
Pedro Muñoz advierte que “la lucha contra los delitos a la Salud Pública conlleva la incautación de importantes cantidades de droga a disposición judicial que ocasiona problemas en torno a su custodia y almacenamiento hasta su destrucción definitiva por la autoridad judicial, una vez finalizado el procedimiento”.
En muchos casos, su acumulación sobrepasa la capacidad de los depósitos, lo que obliga a que sean custodiados en lugares inapropiados, como manifiestan con preocupación los organismos encargados de su custodia por los problemas para su conservación y los riesgos de salubridad y seguridad que conlleva.
De hecho, desde 2010 se han sustraído miles de kilos de depósitos oficiales que presentaban graves deficiencias, fundamentalmente en Valencia y Andalucía.
