El PSOE acusa al Gobierno de presionar con multas el derecho de manifestación

El PSOE ha acusado al Gobierno de elevar “la presión” a la libre expresión de los ciudadanos por medio de multas en su anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que tipificará como infracciones administrativas los escraches o la manifestación sin comunicación ante instituciones del Estado.

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, ha asegurado que tanto el texto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que estudiará en breve el Consejo de Ministros como el proyecto de Ley de Seguridad Privada tienen elementos “preocupantes”.

“El Ministerio del Interior está dando pasos que nos preocupan mucho porque van en la dirección de profundizar que el orden público sea el elemento esencial que guía el ministerio cuando debería ser la seguridad ciudadana”, ha manifestado Trevín que ha pedido al Gobierno que tenga “verdadero espíritu reformista y no contrarreformista”.

Para el diputado socialista, lo que plantea el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, es que “cada vez haya más presión sobre la libre expresión del ciudadano, que se les presione con multas”.

Fernández Díaz ha avanzado en su comparecencia para defender el presupuesto que tendrá su departamento en 2014 que el Gobierno tiene ultimado el borrador de reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, que tiene como objetivo principal, ha dicho, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Entre las conductas que se incluirán como infracciones administrativas figuran, según ha explicado posteriormente, los escraches a políticos, la quema de contenedores o las protestas frente a instituciones del Estado que no hayan sido comunicadas con anterioridad, tal y como establece la ley.

Una normativa, según Trevín, que “aumenta las políticas de orden público y las de seguridad ciudadana en dirección contraria”.

El diputado socialista también ha mostrado su preocupación con el proyecto de Ley de Seguridad Privada que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria, ya que pretende “cambiar radicalmente el modelo de seguridad en España”.

Trevín ha advertido de que la seguridad de los recintos públicos, hasta ahora vedada a las fuerzas de seguridad, podrían estar vigilados por agentes de empresas privadas.

“Áreas enteras como la calle Preciados (de Madrid) podrían estar controladas por seguridad privada”, ha alertado el diputado socialista que considera que el modelo actual de seguridad es “exitoso”.

También la Izquierda Plural ha criticado los cambios legales que ha anunciado el ministro, que ha tachado de “lamentables” porque, en opinión del diputado Ricardo Sixto, vulneran los derechos humanos.

Y no lo dice él, ha señalado, sino el informe del Consejo de Europa que ha puesto “muy en tela de juicio” el trabajo que está haciendo el ministerio con estas modificaciones.