El PSOE acusa al Gobierno de rozar el “integrismo religioso”

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha acusado hoy al Gobierno de moverse “claramente por una ideología conservadora extrema, que en algunos casos está rozando el integrismo religioso”.

Soraya Rodríguez ha señalado que el anteproyecto de Código Penal presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, unido a la Lomce (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) “marcan” esa tendencia del Ejecutivo en el ámbito de los derechos y libertades.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Rodríguez ha arremetido contra un anteproyecto de Código Penal que, a su juicio, supone un “claro ataque a lo que hemos avanzado en los últimos años en la lucha contra la violencia de género”.

Ha puesto como ejemplos la supresión del agravante en el delito de violencia habitual contra la madre cuando se produce delante de los menores y la posibilidad que introduce el texto de que una condena de cárcel por violencia de género pueda ser sustituida por una multa.

También ha rechazado la “supresión de faltas leves con resultado de lesiones” y la eliminación de la terminología de violencia de género.

La portavoz socialista ha defendido que el problema de las mujeres que mueren cada año a manos de sus parejas o exparejas es un “déficit democrático en toda regla” que afecta a “toda la sociedad española”.

Respecto a la Lomce, ha recordado que su grupo tiene un “planteamiento radicalmente contrario” al del Gobierno, al que ha vuelto a reclamar la retirada del proyecto de ley.

Rodríguez ha hecho hincapié en que dicho proyecto “no cuenta con el apoyo de nadie” más que del PP; lo ha calificado de “retrógrado” e “ineficaz” y ha apuntado que los socialistas están “abiertos al diálogo” para “cambiarlo radicalmente”.

En su comparecencia, la portavoz del PSOE ha manifestado además el rechazo de su grupo a la reforma de la administración local, que supondría -ha recordado- la eliminación de más de la mitad (unos 5.900) de los 8.116 ayuntamientos que hay en España.

A su juicio, el Gobierno pretende que las competencias de los ayuntamientos eliminados pasen a las diputaciones provinciales “para que éstas, que no cuentan con infraestructuras ni personal necesario para prestar servicios, las privaticen”.