PSOE e IU llevarán a los tribunales la “legalización” del chalet del presidente riojano

En rueda de prensa, el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE riojano, Vicente Urquía, ha señalado que “si grave” fue la construcción del chalet “de forma ilegal, lo más grave es que el alcalde, para legalizar la obra, apruebe un plan general”.

Urquía ha comparecido junto a la portavoz del PSOE en Villamediana, Sonia Ibarguren, y el concejal de Izquierda Unida en este municipio, Jesús Cámara, así como la coordinadora regional de IU, Hernar Moreno.

El socialista ha visto un “claro abuso de poder” en la actuación del presidente riojano; en palabras de Moreno, “actos constantes de prepotencia” de quien, ha añadido Cámara, “ha jurado cinco veces cumplir y hacer cumplir la legalidad”.

OBRAS QUE NO CUMPLEN LA LICENCIA

En su comparecencia han presentado copia del informe del arquitecto municipal que, tras visitar el chalet de Sanz en Villamediana, concluye que las obras cometidas en éste “no cumplen con las licencias pedidas” y califica los hechos como dos infracciones urbanísticas graves y una leve.

Mientras tanto, han explicado, el Ayuntamiento de Villamediana recibe escritos de varios propietarios colindantes al chalet para incluir el sector como disperso. El Ayuntamiento, “que nunca antes había planteado calificar este sector como urbanizable, aprueba incluirlo en el Plan General y así se aprueba”.

Así, Urquía ha explicado que el Ayuntamiento de Villamediana retrasó diez meses el expediente del chalet del presidente y, después, en tres meses aprueba el sector para legalizarlo. “Esto le pasa a cualquier ciudadano y paga la sanción o le derriban el chalet, pero Sanz ha tenido el poder de hacer que le aprueben un plan general”, ha dicho.

Una “clara influencia de poder” que, en los tribunales, tendrá su reflejo, ha explicado Moreno, en un recurso en el Contencioso-Administrativo pero sobre la resolución de alcalde, Tomás Santolaya, dado que “lo que se impugna es la resolución, no es contra una persona”.

El secretario socialista también ha contado que, tras el informe del arquitecto, el alcalde de pide que se vuelva a pronunciar y éste se “inhibe” de hacer un nuevo informe, por el que Santolaya contrata a un abogado, “y no se lo pide a la secretaria, que hubiera sido lo preceptivo”.

El abogado entiende que “si no se hubiese incoado expediente de legalización debe tomarse en consideración el planteamiento más favorable para el interesado, que en el supuesto que nos ocupa es claramente el previsto en el actual plan general” y, en consecuencia, entiende que las obras son legalizables.