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El PSOE quiere llevar al primer Pleno del Congreso una comisión de investigación sobre la gestión de Fernández Díaz
El PSOE quiere llevar al primer Pleno ordinario del Congreso en esta legislatura la creación de una comisión de investigación sobre la “utilización partidista del Ministerio del Interior” bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, que habría sido destapada por unas escuchas que, para los socialistas, han puesto de manifiesto “una de las mayores perversiones del sistema político y de la democracia”.
Así lo ha confirmado el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Antonio Hernando, en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press. La iniciativa fue registrada por el PSOE el pasado 20 de julio, junto a otras 14 iniciativas, y el objetivo de los socialistas es que se debata en el próximo pleno ordinario que, será “casi seguro el día 27”.
En esa iniciativa, los socialistas piden la puesta en marcha de una comisión que investigue “la utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con fines políticos”.
“Nos parece que todo el escándalo relacionado con las actividades del ministro del Interior, con las conversaciones en su despacho, con la denominada policía patriótica para atacar, para investigar, para fabricar dossieres sobre adversarios políticos, es seguramente una de las mayores perversiones del sistema político y de la democracia y no creemos que se pueda pasar por alto”, ha defendido Hernando.
“CONTROL” DE PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN
En concreto, el PSOE quiere investigar si Fernández Díaz se dedicó a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP” y dispuso medios “al seguimiento y control de las actividades de los partidos de la oposición y de sus dirigentes”.
Esta comisión también debería, a juicio de los socialistas, “analizar y comprobar las actuaciones del Ministerio, reveladas en los medios de comunicación, dirigidas a difundir supuestas informaciones sobre dirigentes y miembros de otros partidos políticos, sin soporte fáctico, y basadas exclusivamente en documentación elaborada con ese fin en el propio Departamento”.
En este sentido, quiere “determinar la participación en estas actividades de señalados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, convertidos al efecto en una verdadera 'Policía política' inadmisible en un Estado de Derecho”.
