El PSOE lleva al próximo Pleno del Congreso una iniciativa vetada por el Gobierno sobre trabajadores de subcontratas

Así lo ha anunciado en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces el socialista Antonio Hernando, quien ha subrayado que es “importante” poner fin a la desigualdad a la que se enfrentan los trabajadores subcontratados, un colectivo del que forman parte muchas mujeres como las que trabajan “a destajo” en la hostelería y como camareras de hotel.

Haciendo uso de su facultad constitucional para vetar el debate de iniciativas legislativas que, a su entender, impliquen merma de ingresos o aumento de gasto, el Gobierno intentó frenar la discusión de este texto del PSOE, un veto que ha sido desoído por la Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría.

En concreto, la proposición de ley del PSOE, que recoge Europa Press, plantea añadir dos nuevos párrafos al artículo 42 del Estatuto, relativo a la 'Subcontratación de obras y servicios', para obligar a las empresas a garantizar a los trabajadores afectados por una contrata las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo de la compañía principal o, en su caso, “las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente”.

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En este sentido, el texto precisa que por condiciones laborales y de empleo se entienden la remuneración y el salario, las condiciones de contratación, el tiempo de trabajo y descanso, la igualdad, los protección frente a los riesgos laborales, y la maternidad, lactancia y paternidad.

Para que se considere que ha habido una subcontratación, la empresa principal deberá tener entre sus actividades principales o nucleares aquellas actividades que contrata, y requerir la aportación de mano de obra que desarrolle funciones profesionales en relación directa con dichas actividades.

Con estos cambios, el PSOE considera que se conseguirá dotar de seguridad jurídica a esta modalidad económica, se evitará la competencia desleal entre empresas basada en la degradación de las condiciones laborales y salariales, la precariedad y la rebaja de la calidad de los servicios; y se asegurará que quienes trabajan en un mismo lugar tienen garantizadas las mismas condiciones.

Todo ello dentro de una economía de mercado que reconoce a las empresas la libertad de dirigir y organizar su actividad, incluyendo la posibilidad de externalizar actividades, pero que también exige una adaptación de la normativa laboral para ajustarse de manera “óptima” a esta forma de operar.