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El PSOE no comparte la “satisfacción” del Gobierno y califica de “malos” los datos de enero
Rodríguez ha resumido el modelo laboral del Ejecutivo en “contratos con fecha de caducidad, con una duración media inferior a los 60 días, de los que 1 de cada 4 duró menos de una semana”, según ha informado el PSOE en un comunicado.
También ha valorado de forma negativa los datos de afiliación a la Seguridad Social de enero, que registraron una disminución de 200.000 empleos y sitúan el nivel de afiliación por debajo de los 16,6 millones de personas.
400.000 CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES
Además, ha señalado que en enero se firmaron 400.000 contratos de trabajo temporales y a tiempo parcial. “No creo, sinceramente y más allá de los eslóganes políticos, que un contrato de trabajo de 3 días pueda considerarse verdaderamente un empleo, aunque a efectos estadísticos lo sea y el Gobierno lo compute y lo celebre como tal”, ha criticado Luz Rodríguez.
Asimismo, la dirigente socialista advertido de que los desempleados cada vez tienen “menos protección”, ya que el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo “continúa reduciéndose” y, en el último año, más de “325.000 personas han quedado fuera de esa cobertura”.
“El dramático balance es que hoy en nuestro país tenemos más de 3,8 millones de personas sin cobertura de prestación por desempleo y esto es un puente hacia la pobreza”, ha apuntado.
EL PARO JUVENIL NO BAJARÁ DEL 50% HASTA DENTRO DE 5 AÑOS
Por otro lado, la secretaria de Empleo ha señalado que, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de paro en España “no bajará del 21% durante esta década y el paro juvenil no bajará del 50% hasta dentro de cinco años”.
En este sentido, ha denunciado que seis meses después de que el Gobierno pusiera en marcha la garantía de empleo juvenil, de la que dijo que “iba a ser la solución”, esa garantía “no existe”, porque las comunidades autónomas no tienen todavía “ni los fondos necesarios, ni las plantillas necesarias, ni las herramientas necesarias para ponerlo en marcha”. “Es decir, el Gobierno ha aprobado algo que todavía las CCAA no pueden poner en marcha”, ha insistido.
