El PSOE pedirá hoy cuentas a De la Serna por su veto a la ley balear que buscaba abaratar el transporte en las islas

El PSOE pedirá este miércoles cuentas al ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, en el Pleno del Congreso por el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa del Parlamento balear que, entre otras medidas, contemplaba un aumento de las subvenciones al transporte entre las islas.

Se trata de una proposición de ley de modificación del régimen especial de las Illes Balears que fue aprobada por el Parlamento autonómico y que llegó al Congreso a finales del pasado año. De acuerdo con la Constitución, el Gobierno debe dar su conformidad antes de iniciar su tramitación, ya que puede vetar aquellas iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.

Como ha hecho con otras 22 iniciativas legislativas, el Ejecutivo finalmente comunicó su rechazo a permitir la tramitación de esa norma balear, un veto que ha sido asumido por la Mesa del Congreso con los votos del PP y de Ciudadanos.

“¿Por qué ha vetado el Gobierno la modificación del Régimen Especial para Baleares?”, será la pregunta que el diputado socialista balear Pere Joan Pons dirigirá al titular de Fomento durante la sesión de control al Gobierno.

En su escrito de disconformidad, el Gobierno centraba su veto en el punto de la proposición de ley relativo a los precios del transporte marítimo y aéreo interinsular de viajeros. En el caso de los billetes de avión, la iniciativa habla de aplicar una tarifa máxima universal de 30 euros, incluidas las tasas, que se aplicará a todos los usuarios de cada una de las rutas establecidas, con independencia de su lugar de residencia.

SÓLO SE PUEDE HACER CERRANDO EL MERCADO A UNA COMPAÑÍA

El Gobierno explica que eso “implicaría necesariamente el cierre del mercado del trafico aéreo regular a una única compañía, con todas las limitaciones que ello supondría”, y a la que además habría que compensar por el déficit de operación.

En cuanto al efecto presupuestario para la Administración, “las estimaciones sitúan el coste de la implantación de la tarifa única de 30 euros en torno a los 30-40 millones de euros anuales”. “Considerando que las subvenciones por residencia a los vuelos interinsulares baleares suponen unos 17 millones de euros en cada ejercicio, la implantación de la tarifa plana en sustitución de la bonificaciones por residencia supondría duplicar el presupuesto necesario para el transporte aéreo interinsular en Illes Balears”, añade.

Además, en el escrito de veto al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno avisa de que implantar la tarifa plana aérea entre islas sería reclamada después en Canarias, lo que ya supondría, “en una primera aproximación, quintuplicar ese esfuerzo presupuestario”.

TAMBIÉN HAY SOBRECOSTE POR LOS BILLETES DE BARCO

En relación con el transporte marítimo, la proposición de Ley propone cargar a los Presupuestos Generales del Estado la bonificación del 50% que se aplica a los billetes de barco entre islas, que hasta ahora se comparte a partes iguales con el Gobierno autonómico.

“Si entendemos que la propuesta presentada propone que el coste total de esta bonificación recayera en el Estado, dejando las Comunidades Autónomas de sufragar la parte de la bonificación que atienden actualmente, el Estado vería duplicadas las cantidades que hoy dedica a este concepto, estimándose un sobrecoste para los presupuestos generales del Estado que ascendería unos 6 millones de euros correspondientes a viajes interinsulares en Baleares y 27,5 millones de euros correspondientes a los viajes interinsulares en Canarias”, avisa.

Y si, por el contrario, “se entiende que la propuesta consiste en incrementar la bonificación al viajero residente, manteniendo las Comunidades Autónomas su bonificación del 25% actual y duplicando la del Estado hasta el 50%, el coste sería aún mayor, en tanto sería previsible un aumento de la demanda al estar el billete final bonificado en un 75%”.

En todo caso, la conclusión del Gobierno es que “la aprobación de esta Proposición de Ley generaría un aumento de los créditos presupuestarios”, por lo que no da su conformidad a que sea tramitada en las Cortes Generales. La Mesa del Congreso, por mayoría, ha asumido esta paralización.