El PSOE exige investigar los fondos regularizados en la amnistía fiscal y publicar los nombres de los beneficiarios

El PSOE ha registrado este lunes una batería de iniciativas parlamentarias sobre la reciente amnistía fiscal, incluyendo una comisión de investigación y la exigencia de investigar el origen de los fondos regularizados y de hacer públicos los beneficiarios, todo ello para aclarar “cuantos Bárcenas más” se han acogido a este procedimiento promovido por el Gobierno y que los socialistas consideran “indecente, inmoral e inconstitucional”.

Según ha explicado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, el PSOE ha registrado tres iniciativas: la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de amnistía fiscal, una proposición no de ley para que la Agencia Tributaria ponga toda la documentación de este proceso en manos de los inspectores de Hacienda, y una proposición de ley para modificar la Ley General Tributaria con el fin de posibilitar que se conozca la identidad de los beneficiarios de esta regularización fiscal.

Rodríguez ha recordado que el PSOE ha venido combatiendo en los tribunales y en el Parlamento la amnistía fiscal porque sostiene que se trata de un proceso “indecente e inmoral” basado en un decreto ley de con graves irregularidades jurídicas y que, a su juicio, acabará siendo declarado inconstitucional.

SERIAS DUDAS Y SOSPECHAS

Pero, además, asegura tener “serias dudas y sospechas” sobre su aplicación, pues el PSOE piensa que “se ha ido adaptado a las exigencias de los defraudadores en tres sentidos: pidiendo más ventajas, más seguridad y e impunidad”.

Más ventajas, argumenta, porque quienes que han querido acoger a este proceso de amnistía han podido tributar menos por lo que declaraban; de hecho, el PSOE dice tener “serias sospechas” de que ni siquiera abonaron el 10%, sino sólo el 1 o el 2%.

También cree que los defraudadores han exigido más seguridad y que el Gobierno accedió a que sus declaraciones especiales no se pongan a disposición del servicio de inspectores de Hacienda, con lo que no se sabe si lo regularizado es o no de origen ilícito. De ahí la propuesta para que los expedientes se pongan en manos de los inspectores y que, si se comprueba que el origen de los fondos no es legal, se ponga en conocimiento de la Fiscalía para revocar a amnistía.

Su tercera sospecha es que el Gobierno accedió a una tercera demanda de los defraudadores, que pidieron más impunidad y ante ello se aceleró “de urgencia y por la puerta de atrás” la tramitación de la reforma parcial del Código Penal que suprime el delito fiscal si aflora el dinero evadido.

“Son acusaciones y sospechas gravísimas que penden sobre el proceso de amnistía fiscal”, ha admitido la portavoz socialista, quien recuerda que la semana pasada se ha conocido que Luis Bárcenas, tesorero del PP durante casi tres décadas, llegó a acumular 22 millones en Suiza y regularizó diez de ellos en la amnistía fiscal a través de una sociedad, y todo ello pese a estar incurso en un procedimiento penal (caso Gürtel).

“¿Cuántos Bárcenas más se han beneficiado de esta amnistía fiscal? --se ha preguntado--. ¿Cuántas personas con procesos abiertos, investigados por delito fiscal, se han acogido? ¿Cuántos fondos de origen ilícito han sido blanqueados en este proceso de amnistía fiscal? ¿Conocía el Gobierno que gente tan vinculada a su partido se acogía a esta amnistía fiscal?”.

Y RAJOY Y MONTORO, GUARDANDO SILENCIO

Soraya Rodríguez dice no comprender que, “ante estas terribles sospechas”, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hayan dado explicaciones. Espera que el PP permita sus comparecencias este martes, en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.