PSOE dice que hay que exigir “las máximas penas” porque la corrupción “acaba deteriorando la democracia”

Puig se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa, al ser preguntado por el escrito de calificación provisional presentado por el PSPV --que ejerce la acusación popular en el 'caso Gürtel'--, en la parte en la que se investigan las adjudicaciones de la Generalitat con Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

“A nosotros lo que nos gustaría es que quien hubiera pedido acabar con la corrupción; quien hubiera exigido devolver el dinero robado hubiera sido la Generalitat”, ha destacado el también diputado del PSOE en el Congreso.

En su opinión, si el presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, “actuara con dignidad, actuaría de acuerdo con lo que a veces ha dicho de estar en contra de la corrupción”. “Sería él quien pediría las explicaciones y exigiría que devolvieran el dinero que han robado los responsables de esta trama de corrupción”, ha añadido.

Para el secretario general de los socialistas valencianos, “la corrupción debe ser combatida hasta el final y tienen que exigirse las máximas penas porque la corrupción formulada desde la política acaba deteriorando la democracia”. Así, ha reivindicado “máximas penas” y “máxima exigencia”.

En concreto, en su escrito de calificación provisional, el PSPV pide para el exvicepresidente de la Generalitat y actualmente diputado autonómico Vicente Rambla un año de prisión y 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como una multa de 11,3 millones de euros.

Los socialistas valencianos acusan a Rambla de un delito continuado de prevaricación y otro de tráfico de influencias y consideran que mantenía “una estrecha relación con Álvaro Pérez --'El Bigotes'-- a quien acude cuando tiene problemas para que se los resuelva”.

Asimismo, la formación socialista imputa cuatro delitos --prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho-- a la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, que actualmente es parlamentaria en la cámara autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante).

HASTA 11 AÑOS DE PRISIÓN PARA MILAGROSA MARTÍNEZ

En concreto, solicita para ella entre seis y once años de prisión --si en lugar del delito continuado de fraude es de malversación de caudales públicos--. Además, pide entre 27 y 37 años de inhabilitación, multa de casi ocho millones de euros y decomiso de los regalos recibidos.

En el caso de la también exconsejera de Turismo, Angélica Such, la petición es de cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa, además del decomiso de los regalos recibidos. El PSPV le imputa los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Por su parte, para el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret, solicita entre ocho y 13 años de prisión, así como entre 34 y 44 años de inhabilitación, por cuatro supuestos delitos.

El PSPV imputa hasta cinco delitos al presunto cabecilla de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa; a su número dos, Pablo Crespo; y al responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Para ello, reclama penas de cárcel de entre seis años y medio y nueve años y tres meses para cada uno de ellos.

Los socialistas valencianos también piden prisión para los relacionados con Orange Market Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero. En el caso de Jordán y Herrero, la petición de cárcel es de entre tres años y medio y seis años y tres meses; y para Magariños, se solicita prisión de entre un año y nueves meses y cuatro años y medio.

En el caso de los funcionarios, pide cárcel de entre 15 y 20 años para Isaac Vidal; desde ocho hasta 13 años para Jorge Guarro y entre 15 y 20 años para Ana Grau. La inhabilitación que solicita es hasta 52 años y medio. Para el también funcionario Juan Bover, solicitan inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un plazo de ocho años.

MULTAS

Respecto a la responsabilidad civil, los socialistas valencianos reclaman multa de 12 millones de euros para Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Vicente Rambla, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau. Para Isabel Jordán, Milagrosa Martínez y Rafael Betoret, la multa solicita es de ocho millones, mientras que para Mónica Magariños y Cándido Herrero, exige seis millones de euros. Finalmente, se reclama cuatro millones en concepto de multa a Angélica Such.

Por otro lado, para el juicio oral, además de las pruebas documentales y las conversaciones grabadas que obran en el sumario, el PSPV solicita la declaración de 62 testigos.