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El PSOE aboga por que un ministro de Rajoy asuma la gestión de Catalunya con el 155

"Un Gobierno tecnocrático es dar la impresión de que se alarga temporalmente la interinidad y sería visto como un Gobierno de ocupación", dicen fuentes socialistas

Ferraz no se mete con el envío a prisión de los responsables de la ANC y Òmnium, que en el PSC reconocen que complica aún más la situación en Catalunya

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Pedro Sánchez elige a su número dos como portavoz del PSOE en la comisión del modelo territorial

Pedro Sánchez junto a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

El PSOE sigue perfilando con el Gobierno el plan para Catalunya con la aplicación del 155 de la Constitución, un escenario que solo ven inevitable en caso de que Carles Puigdemont convoque elecciones o renuncie a la independencia. En caso de ejecutar ese precepto constitucional para asumir determinadas competencias de la Generalitat, los socialistas creen que caerá todo el Govern una vez que lo haga Puigdemont. En Ferraz abogan por que esa gestión la asuma el Ejecutivo de Rajoy y no se componga un gobierno alternativo en Catalunya. El PSC considera que  el envío a prisión de los responsables de Òmnium y la ANC complican aún más la situación, mientras que la dirección de Pedro Sánchez evita cuestionar la decisión judicial.

El Gobierno apunta a la intervención de determinados departamentos, como Interior, Justicia y Territorio y Sostenibilidad (control de las infraestructuras) y posteriormente los departamentos de Economía y Presidencia. El PSOE quiere  consensuar todas las medidas y los plazos y coinciden en que esa intervención sea "quirúrgica". Los socialistas consideran que, en cualquier caso, supone la caída de Puigdemont y, con él, inevitablemente la del resto del Govern: "¿Quién ha visto que un gobierno sobreviva a su presidente?", se pregunta un destacado dirigente del PSOE. Algunos dirigentes del PP coinciden en esa vía.

La asunción de esas competencias debe recaer entonces, para los socialistas, en uno de los miembros del gabinete de Rajoy, que bien puede ser uno de los actuales –con Soraya Sáenz de Santamaría como referencia– o la designación de un "ministro para Catalunya", que es una opción que también baraja Moncloa. 

Lo que descartan los socialistas es el nombramiento de un 'Govern alternativo'. "Mejor nada que sea un Gobierno, un ministro mejor y ya está –señalan fuentes socialistas–. Un Gobierno tecnocrático es dar la impresión de que se alarga temporalmente la interinidad y sería visto como un Gobierno de ocupación".

Para los socialistas es importante que las elecciones en Catalunya sean cuanto antes. Aunque evitan hablar de plazos –el PSC quiere que sean inmediatas–, en Ferraz consideran que serán necesarios más de los 54 días que marca la ley desde que se disuelve el Parlament. Algunas fuentes apuntan a un periodo de tres meses. Otros dirigentes ven complicado que los comicios sean inminentes por lo inédito de la situación en Catalunya y apelan a la necesidad de "normalizarla". 

La disolución del Parlament –necesaria para convocar los comicios– es una de las cuestiones más delicadas de las conversaciones entre PSOE y Gobierno, según reconoce una de las personas que está al tanto de las negociaciones. Mientras que un destacado dirigente socialista sostiene que el Parlament se puede disolver en cualquier momento con el 155 –incluso que sea una de las medidas que apruebe el Senado dado que es la institución que consideran que se ha saltado la legalidad con la aprobación de las leyes para la desconexión– y admite que su continuidad "no tendría sentido" al no tener un gobierno al que controlar ni capacidad para legislar, otras fuentes consultadas encuentran complicaciones jurídicas para que el 155 permita esa decisión. 

En Ferraz también consideran que, dadas las circunstancias, el Gobierno debería haber actuado antes para haber evitado el 1-O y que los independentistas "se llenaran de razones" con, por ejemplo, las cargas policiales. "Pero es que Rajoy también quería llenarse de razones", reconoce un alto mando de la dirección. 

En la batalla por el relato piensan que se ganó tras los plenos del Parlament de los pasados 6 y 7 de septiembre pero que se perdió después con la prohibición de actos en favor del derecho a decidir o las imágenes de las cargas de la Policía. La actuación de Puigdemont al declarar y suspender la independencia dio aire al Gobierno para activar el 155, que se vendió como una posibilidad de retractarse y abrir el diálogo. Rajoy y Pedro Sánchez dejaban, así, la pelota en el tejado del presidente catalán. 

Diferencias con el PSC por las decisiones judiciales

El PSC ha acompañado al líder socialista en sus decisiones y han compartido discurso. Sin embargo,  los de Miquel Iceta han recibido como un jarro de agua fría el envío a prisión sin fianza a los responsables de Òmnium y la ANC. Fuentes del PSC reconocen que esa decisión complica la situación: "Hace más complicado el 155, que no parezca un atraco", explica un diputado de los socialistas catalanes que lamenta, además, que si había alguna oportunidad de que Puigdemont convocara elecciones evitando el 155 se han dinamitado. Un destacado dirigente del PSC también admite que la actuación de la Audiencia Nacional ha hecho cambiar de opinión a distintos sectores de la sociedad catalana. "Se nos va de las manos", dice con resignación. 

Sin embargo, Sánchez se ha desmarcado del PSC al avalar el envío a prisión. "El PSOE tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho y creemos en la separación de poderes", ha expresado el secretario general, que ha evitado pronunciarse sobre las decisiones judiciales. 

"No ayuda la prisión incondicional de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Pero la Justicia tiene su camino", dice un dirigente próximo a Sánchez, que recuerda que deben asumir sus responsabilidades: "Ellos sabían que les iba a pasar". En el PSOE evitan hablar de una respuesta "desproporcionada", como el PSC, argumentando que "lo ha dicho un juez" con una base "fundamentada". No obstante, piden "comprensión" para los socialistas catalanes, quienes denuncian que están sufriendo acoso y que su posición contra el independentismo está poniendo en riesgo numerosos acuerdos de gobiernos locales. 

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