El Palau de la Música exculpa a CDC del expolio y pide 81 años para Millet

El Palau de la Música, que ejerce la acusación particular en la causa por el saqueo de la institución, pide 81 años de prisión para su expresidente Fèlix Millet por el expolio, sin exigir a CDC responsabilidad civil alguna por los 5,1 millones que el juez cree que se embolsó de la entidad cultural.

La presidenta del Orfeó Català y el Palau de la Música, Mariona Carulla, ha presentado hoy en rueda de prensa su escrito de acusación que, además de Millet y su mano derecha Jordi Montull, se dirige contra otras 14 personas, entre ellas las esposas de los máximos dirigentes del Palau, que han sido exculpadas por el juez instructor.

Entre estas personas no figura ninguno de los cargos de CDC ni de Ferrovial imputados por los 5,1 millones de euros que, según el juez, se embolsó la formación a través del Palau de la Música, principalmente en concepto de comisiones ilegales que la constructora pagó supuestamente a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Jordi Pujol.

Carulla ha resaltado hoy que el escrito de acusación ha sido aprobado por los órganos de la institución: ayer lo hizo la Junta del Orfeó Català -por 12 votos a favor, uno en contra y cinco en blanco- y hoy lo ha hecho -por 12 a favor y cuatro en blanco- el Patronato de la Fundación del Palau, del que forman parte las administraciones.

El portavoz del Palau de la Música, Carles Cuatrecasas, ha insistido en que la entidad se reserva “de forma expresa” el ejercicio de acciones legales para reclamar “a cualquier entidad física o jurídica” el dinero que la sentencia crea probado que fue desviado de la institución, aunque eso sería en un proceso civil posterior.

Los responsables del Palau, acompañados en la rueda de prensa por el abogado de la firma PriceWaterhouseCoopers que los representa, Javier Zuloaga, han destacado que en su escrito de acusación se han ceñido a “estrictos criterios jurídicos” y han argumentado que de la instrucción del caso no se desprende “suficiente” prueba para inculpar a CDC.

Para Cuatrecasas, la posición del Palau en este caso es “ejemplar”, desde el punto de vista ético, en “estos momentos con tantos juicios paralelos”. Y ha insistido repetidamente: “Esto no inculpa ni exculpa a nadie”.

El abogado de PriceWaterhouseCoopers -bufete del que es socio Joaquim Triadú, exconseller de Presidencia con los gobiernos de Pujol- ha argumentado asimismo que el Palau ha actuado solo en defensa de sus intereses patrimoniales y que, de probarse que CDC recibió comisiones ilícitas a través de la entidad, esa conducta se enmarcaría en delitos contra la administración pública, a los que la entidad cultural es ajena.