El Parlamento de Andalucía convalida el decreto ley contra la exclusión social con la abstención del PP

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha sido la encargada de defender en el Pleno de la Cámara andaluza este Decreto Ley, al que ha definido como una iniciativa “necesaria y oportuna” en un momento de crisis económica como el actual y en el que el Gobierno andaluz es “extremadamente sensible con la realidad social de la comunidad”, donde casi un 37 por ciento de la población activa está en desempleo y es necesario generar puestos de trabajo como “instrumento” de lucha contra la exclusión social.

“Se trata de una política progresista y de izquierdas, una política que marca diferencias”, ha señalado para advertir de que no se trata de “una norma que pretenda ser la solución a todos los problemas” pero sí una forma de “aliviar en la medida de lo posible las circunstancias” por las que están atravesando un amplio número de familias andaluzas.

Por ello Montero, quien ha criticado las políticas de “destrucción de empleo” del Gobierno de la Nación como consecuencia de su defensa del cumplimiento del objetivo del déficit, ha pedido a quienes “tengan la tentación de culpar a Andalucía” del número de personas que están en riesgo de exclusión social (que entre la población infantil de Andalucía asciende un 19,5%) “que se abstengan” de estos comentarios porque se trata de una situación por la que “no sólo pasa Andalucía”, ya que en Irlanda, por ejemplo, el riesgo de pobreza infantil es del 19 por ciento o, en Portugal, del 22,3.

En ese sentido, ha recordado que medidas similares a las que contiene este Decreto Ley, por ejemplo, en el área de la solidaridad alimentaria --donde se garantizan 3 comidas diarias a escolares y a personas mayores-- “ya se han puesto en marcha” en países como Suecia, Finlandia o Reino Unido.

LOS ARGUMENTOS DEL PP-A PARA SU ABSTENCIÓN

No opina igual el PP-A, que en el debate para esta convalidación ha reprochado al Gobierno andaluz que esté siempre intentando “culpar a los demás” de sus problemas y, concretamente, al Gobierno de Mariano Rajoy. Según ha expuesto la diputada Rosario Soto, quien ha admitido que su grupo coincide con “el diagnóstico” que realiza el Gobierno andaluz de la situación actual pero no con las soluciones propuestas, ha advertido de que quien “recorta” en políticas sociales y de atención a las personas más vulnerables es la propia Junta de Andalucía, “que lleva un recorte acumulado en los años más duros de la crisis de 499,9 millones de euros”.

“Y ustedes, en una actitud de claro cinismo y de una defensa cobarde de la autonomía, vuelven a culpar al Gobierno de los recortes”, ha rechazado tras recordar que también en los Presupuestos de la Comunidad para 2013 se han hecho recortes en programas como los de familia, menores, zonas de transformación social o de atención a la Dependencia. Es por eso, según ha añadido, por lo que la cantidad adicional dedicada a este decreto, que la Junta cifra en 120 millones y el PP-A reduce a “solo 72”, no es “adicional, sino que provienen de los recortes” realizados en las referidas partidas, entre otras.

Por todo ello, y tras considerar que se trata de una medida puramente “populista” y en busca de “rédito electoral”, ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que aprueben “de una vez la Renta Básica”, que aumenten el Salario de Solidaridad Social “para que sean las familias las que distribuyan sus ingresos” como le convengan y que permitan la tramitación del decreto como proyecto de ley para que, en su debate parlamentario, puedan tener “voz” tanto los colectivos sociales que se han mostrado en contra del decreto como su partido, algo que ha sido rechazado con los votos de los partidos de izquierda y que ha provocado cierto barullo en la Cámara.

IULV-CA TAMBIÉN PIDE LA RENTA BÁSICA “YA”

Por su parte, el diputado por IULV-CA Manuel Baena Cobos, que ha coincidido con la consejera en que son las medidas del Gobierno las que están provocando una situación de “pobreza sobrevenida” a una gran mayoría de la clase media del país, ha señalado como una de las causas de esta situación las dos últimas reformas laborales, que “han tenido como efecto inmediato la disminución de la masa salarial” de los españoles, “que están un 17 por ciento” más abajo del salario medio europeo.

Frente a ello, ha valorado “los esfuerzos” del Gobierno andaluz para paliar los “recortes” del Ejecutivo de la Nación y para que tengan la “afección mínima” en las prestaciones sociales, sanitarias y educativas de la comunidad. Aún así, Baena Cobos ha admitido que este decreto ley es “insuficiente para las cuestiones que se presentan” y que, por tanto, es “urgente que se empiecen a regular como derechos” ciertos aspectos recogidos en este texto.

“Deberíamos empezar a plantear ya la Ley de Inclusión Social. Entendemos que son derechos a garantizar y deben de venir en el interior de esta Ley para que se determine, por ejemplo, cuál será la Renta Básica aun poniendo que dependerá de la disponibilidad presupuestaria”, ha reclamado. También ha pedido que se disminuyan los “gastos improductivos o administrativos” y “se repartan las horas de trabajo” porque, en su opinión, “sin eso, no habrá empleo para todos”.

PSOE-A CRITICA LAS “SOSPECHAS LEVANTADAS” POR EL PP-A

La diputada socialista Soledad Pérez, que ha comenzado su intervención ante el Pleno del Parlamento mostrando el su “rechazo, repulsa y consternación” ante el último asesinato por violencia de género acaecido este mismo miércoles en Córdoba, ha valorado “la transparencia y el análisis serio y riguroso” realizado por el Gobierno andaluz en la redacción de este Decreto Ley y ha acusado a la ideología “neoliberal” de ser la causante de la crisis y de las “desigualdades” cada vez mayores entre los ciudadanos del país.

“Los motivos, causas y orígenes de la pobreza y la exclusión social no son sólo fruto del desempleo y de que se estén quitando los colchones sociales y asistenciales mermando leyes y derechos, que también, pero la exclusión social, además de rostro, también tiene ideología”, ha argumentado.

Además, Pérez ha criticado que el PP-A haya utilizado esta normativa para “llenar ríos de tinta en ruedas de prensa” criticándolo y “levantando sospechas” sobre alguna de las medidas del Decreto Ley como la relativa a la contratación, a través de los Ayuntamientos, de personas en situación de vulnerabilidad. “La ciudadanía no se merece que ningún alcalde del PP-A se haya posicionado todavía totalmente a favor de este decreto ley y que sólo se haya dedicado a manchar con sospechas de falta de financiación” esta iniciativa, ha lamentado tras advertir de que ese extremo “no es cierto”.

EL DECRETO LEY

Este Decreto Ley, que según la Junta destinará unos recursos adicionales de más de 120 millones, contempla tres grandes iniciativas: el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, con una dotación de 60 millones; el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria 2013, con 16 millones, y las modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que supondrán unas inversiones adicionales de 44 millones de euros.