Los desahucios dividen el Parlamento vasco entre los bloques PNV, PP y UPyD frente a EH Bildu y PSE

El debate sobre la forma de hacer frente al problema de los desahucios ha dividido en dos bloques al Parlamento vasco. Por una parte, se han posicionado el PNV, PP y UPyD, cuya mayoría les ha permitido aprobar una iniciativa que insta a los ayuntamientos a pongan pisos vacíos a disposición de personas desalojadas de sus viviendas, y por otra, EH Bildu y el PSE-EE, cuya proposición ha sido rechazada.

La propuesta del PNV, PP y UPyD ha salido adelante durante el pleno que celebra este jueves la Cámara vasca. El texto se ha aprobado por una diferencia de un solo voto, gracias a los 38 escaños que suman estas formaciones, por los 37 que alcanzan EH Bildu y el PSE.

El debate acerca de este asunto se ha suscitado a raíz de una proposición no de ley de EH Bildu presentada en noviembre de 2012, unos días después del suicidio de una vecina de Barakaldo (Vizcaya) que iba a ser desalojada de su vivienda.

A partir de la propuesta original, se habían registrado sendas enmiendas de transacción acordadas por 'nacionalistas', 'populares' y UPyD, por una parte, y por la coalición 'abertzale' y los socialistas, por otra.

En el transcurso del debate, además de analizar las medidas para combatir el problema de los desahucios, han salido a la luz algunos reproches políticos por el posicionamiento de unos y otros.

“DIALÉCTICA IZQUIERDA-DERECHA”

Desde el PNV, Juan Antonio Arieta-Araunabeña ha acusado a los socialistas y a EH Bildu de proponer solo medidas “paliativas” que no van a la raíz del problema. Además, ha censurado que plantear estas cuestiones desde la perspectiva de “con quien se firma” el acuerdo supone caer “en una dialéctica de izquierda-derecha” con el objetivo de tapar los problemas, algo que no soluciona “nada”.

La parlamentaria de EH Bildu Marian Beitialarangoitia ha reprochado a UPyD su “coincidencia” con el PP en esta materia, cuando al mismo tiempo que mantiene un discurso contra los recortes del Ejecutivo Central y habla de “rescatar a los ciudadanos”.

Desde el PSE, Idoia Mendia ha asegurado que su partido “ha reconocido sus errores” al no haber adoptado antes medidas para afrontar éste y otros problemas, tras lo que ha calificado de “previsibles” las afirmaciones de algunos grupos y ha reprochado al representante del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña que no se hubiera “leído” la enmienda de los socialistas y EH Bildu.

La parlamentaria del PP Nerea Llanos ha reprochado al PSE que ahora se muestren tan críticos con este asunto, cuando durante su etapa en los ejecutivos central y vasco se mantuviera “impasible” ante los desahucios y se limitara a “hibernar” y a no hacer “nada”.

“PACTAR CON BILDU”

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha criticado que al PSE “lo único que le interesaba era pactar con EH Bildu”, ya que el texto acordado con la coalición 'abertzale' contiene algunas medidas “poco rigurosas” y que, además, no fueron puestas en prácticas cuando los socialistas estaban en los gobiernos central y vasco. “Allá cada uno con su nueva actitud política”, ha añadido.

El texto del PNV, el PP y UPyD, que es el que finalmente ha recibido el visto bueno de la Cámara, insta al Gobierno central a decretar una moratoria hipotecaria transitoria para evitar que deban abandonar su vivienda habitual quienes, como consecuencia de un despido o la caída de ingresos, no puedan pagar su hipoteca. Dicha moratoria debería funcionar hasta “que se apruebe la modificación legislativa correspondiente”, algo que, tal y como se indica, debería hacerse antes de l segundo trimestre de 2013.

RECURSOS

Además, se pide a los ayuntamientos que pongan las viviendas de titularidad municipal que se encuentran vacías “a disposición” de las personas desahuciadas “por razones objetivas”. Un emplazamiento similar se hace al Ejecutivo autonómico, al que se invita a “activar sus recursos de uso residencial” para atender a las familias que han perdido su vivienda.

La iniciativa de EH Bildu y el PSE, que no ha salido adelante, instaba al Gobierno central a “decretar una verdadera moratoria hipotecaria de al menos dos años” para evitar el desalojo de su vivienda habitual a empleados o autónomos que, por la pérdida de empleo o una caída de ingresos, no puedan hacer frente al pago de su préstamo hipotecario.

Asimismo, estos partidos proponían que “en tanto que las entidades financieras continúen con carácter general recibiendo dinero de los fondos públicos” se suspendan “todas las subastas y ejecuciones de viviendas habituales”.