El Parlamento venezolano crea una comisión para proponer a nuevos jueces del Supremo

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) aprobó hoy la creación de una comisión que se encargará de presentar las candidaturas a magistrados del Poder Judicial, parte del procedimiento de destitución de siete magistrados que la Cámara insiste en llevar a cabo.

La propuesta la realizó hoy en la sesión plenaria la segunda vicepresidenta del Parlamento Dennis Fernández, quien dijo que los nuevos magistrados que conformen el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deben ser figuras que “honren la dignidad del pueblo venezolano”.

Este procedimiento, que activó la AN el 5 de abril para destituir a siete magistrados del Supremo por su “responsabilidad en la ruptura del orden constitucional” del país, requiere el aval del Poder Ciudadano, que debe calificar de falta grave la acción de los juristas y que ha negado hasta el momento la ruptura constitucional.

Fernández calificó de “insólito” seguir discutiendo este punto en la Cámara que, a su juicio, debió ser de “mero derecho” para el defensor del Pueblo y presidente del Poder Moral Republicano, Tarek William Saab.

La diputada afirmó que al defensor se le ven “las costuras de la dependencia absoluta del Gobierno” del presidente Nicolás Maduro.

“Debió iniciarse un procedimiento por parte del Poder Moral Republicano y, sin embargo, el pronunciamiento que ha existido ha sido de total complicidad con las decisiones que han pretendido anular las funciones de esta Asamblea Nacional”, dijo Fernández sobre unas sentencias en las que el TSJ asumía las funciones de la Cámara.

El presidente de la AN, el opositor Julio Borges, aseguró que la designación de esta comisión y el procedimiento que pretenden llevar a cabo se está realizando “como lo establece la ley”.

Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que busca destituir la Asamblea son Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez.

Tras las decisiones del Supremo en las que despojaba al Parlamento de sus funciones y limitaba la inmunidad de sus diputados, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó que se había producido una ruptura del orden constitucional.

Aunque días después el máximo tribunal suprimió parcialmente esas sentencias, la Cámara, de mayoría opositora, sostiene que con un “parche” no se puede “corregir” el “golpe de Estado” e insiste al Poder Ciudadano que se ponga del lado “de los intereses del pueblo”.