Pedro Canché, periodista mexicano encarcelado por un gobernador corrupto

El periodista mexicano Pedro Canché pasó nueve meses en prisión acusado de sabotaje por el Gobierno de Quintana Roo de Roberto Borge, hoy preso en Panamá por corrupción, hasta que un amparo federal lo liberó y recibió una disculpa oficial.

“Yo soy el preso político del sexenio de Roberto Borge (2011-2016). Un preso no por ideales políticos, sino por hacer un trabajo periodístico”, dijo en entrevista con Efe Canché cuando se cumple un mes de asesinato a sangre fría del reputado periodista Javier Valdez, que conmocionó al país.

La historia de Canché ejemplifica la corrupción existente y los peligros del periodismo en muchas regiones de México, donde el 53 % de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios de distintos niveles de gobierno, de acuerdo con el reciente informe de la ONG Artículo 19.

Canché, periodista de la región maya del suroriental estado de Quintana Roo, empezó a difundir los “excesos” de Borge, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), como vuelos a París para ver a su amante.

El periodista y activista acusó de “dictador e intolerante” a Borge, tras un desalojo violento en el municipio de mayoría indígena de Felipe Carrillo Puerto en agosto de 2014, donde denunciaban el incremento súbito del agua.

En aquel momento, el reportero se convirtió en blanco de la ira de Borge. “Amigos que trabajan cerca del gobierno me insinúan que me fuera del país, él estaba molestísimo”, explica.

El 20 de agosto de 2014, la fiscalía estatal “armó un expediente exprés” y le acusó de sabotaje; él se escondió y pidió ayuda a Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Días después, y a pesar de haber obtenido un amparo, es detenido y encarcelado. En ese momento, empezó un viacrucis entre rejas del que todavía no se ha recuperado por completo.

De parte de otros reos, recibió el primer día una brutal paliza tolerada por los guardias. “Estuve como tres días inconsciente, tirado, con golpes, dolor, y al final me cambiaron a otra celda”.

Así pasó nueve meses, entre humillaciones y pocos alimentos, hasta que un amparo federal lo liberó el 29 de mayo de 2015, desestimando la imputación original.

La CNDH pidió al gobierno de Borge que se excusara con el comunicador y el pasado 17 de abril, ya con el nuevo gobierno, se atendió la recomendación y se reconoció a Canché como víctima de violación de derechos humanos, ofreciéndole una disculpa pública.

“Lo que me pasó a mí es un ejemplo de la corrupción e impunidad que existe en México. Y quienes decidimos denunciar la corrupción, los periodistas, somos quienes ponemos los muertos”, lamentó Canché, que dispone de un “botón de pánico” (sistema de alerta), pero no de escoltas, proporcionado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A esta herramienta están adscritas actualmente 538 personas, 196 de ellas periodistas.

Su labor se suma a la de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), que desde su creación en 2010 ha llevado 48 casos sobre homicidios de periodistas, con solo tres sentencias.

El asesinato de Valdez, el séptimo de un periodista este año, obligó al presidente del país, Enrique Peña Nieto, a anunciar más presupuesto para la protección de comunicadores y nuevas medidas para crear u homologar fiscalías especializadas estatales.

“Al final solo se burocratizan los mecanismos (...) Hay que castigar para que no haya impunidad y respetar la libertad de expresión”, denunció Canché.

El periodista ha acaparado titulares recientemente porque pudo visitar a Borge en una cárcel de lujo en Panamá, donde se encuentra mientras espera su extradición a México para afrontar cargos por la venta de terrenos ilegales y mal uso de recursos públicos.

“Está encarcelado, pero no ha perdido su poder”, advirtió Canché, que teme que el exgobernador recientemente expulsado del PRI use su “emporio” fraudulento para comprar favores y obtener asilo político.

Mientras se resuelve este enésimo caso de corrupción institucional en México, el país sigue acumulando reporteros muertos, desaparecidos y víctimas de la impunidad.

La prensa en México vivió en 2016 su año más violento, con 426 agresiones y 11 asesinatos, que suman más de un centenar desde el año 2000. Un verdadero cementerio.