Perú ha expulsado a más de 900 extranjeros durante Gobierno de Kuczynski

Las autoridades migratorias de Perú han expulsado a 942 extranjeros por haber cometido algún tipo de falta en el país desde el pasado 28 de julio, cuando comenzó el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, informó hoy una nota oficial.

El Ministerio del Interior señaló que la Superintendencia Nacional de Migraciones determinó la sanción para 100 extranjeros gracias a los atestados que resultaron de las intervenciones de la Policía de Extranjería, mientras que otros 79 fueron expulsados por mandatos judiciales.

Los expulsados están impedidos de volver a Perú durante 10 años si se les aplicó la Ley de Extranjería, aunque si la se aplica la nueva Ley y Reglamento de Migraciones, vigente desde el 1 de marzo de este año, la sanción se elevará a 15 años.

Según las estadísticas proporcionadas por Migraciones, además de los expulsados “por infracciones graves”, a 442 se les dictó la salida obligatoria y el no ingreso hasta por un plazo de cinco años.

En su mayoría, estas personas estaban en el país en situación migratoria irregular por el vencimiento de su permiso de permanencia, o hacían actividades como trabajar y obtener rentas a pesar de que solo contaban con una visa de turista.

La dirección de Migraciones también canceló la residencia o permanencia en el país de otros 137 extranjeros acusados de falsear información en los documentos o informes que entregaron para adquirir una determinada calidad migratoria.

En otros casos, se les canceló el permiso de permanencia por atentar contra el patrimonio cultural.

También se envió a sus países de origen a 61 extranjeros que estaban en prisión en Perú, para que terminen de cumplir sus condenas.

Además, se dispuso la salida de siete personas en el marco de la “extradición pasiva”, que consiste en que sean juzgados por el Estado que solicitó la extradición.

El comunicado oficial resaltó que la nueva Ley y Reglamento de Migraciones, promulgada el 1 de marzo pasado, derogó la Ley de Extranjería y el Decreto Legislativo 1236 y fortaleció las capacidades de fiscalización y sanción de esa institución, a la que le dio la facultad de aplicar multas para desalentar las infracciones a la legislación.