El juez del caso Petrobras propone una fórmula para superar el conflicto de poderes

El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras, propuso hoy una alternativa para resolver el conflicto de poderes desatado por iniciativas parlamentarias que pudieran inhibir la mayor investigación sobre corrupción realizada en Brasil.

Moro participó en una audiencia en el Senado, celebrada en medio del choque más serio entre los poderes Legislativo y Judicial que se recuerda en décadas en Brasil, que se desató por proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento y han sido interpretados como “maniobras” para poner freno a la investigación en la petrolera.

El magistrado propuso que esas iniciativas, las cuales tratan sobre abusos de autoridad, incluyan “salvaguardas” que amparen a jueces y fiscales, quienes, según algunos planteamientos, podrían ser castigados con cárcel si actúan con “motivaciones político-partidarias”, las cuales consideró “subjetivas” y “muy difíciles” de probar.

Ese argumento, de hecho, ha sido usado con frecuencia por muchos de los implicados en la investigación de la trama de corrupción en la estatal Petrobras, que salpica a decenas de políticos y aún no ha concluido, con lo que la lista podría aumentar.

Por lo que califican de maniobras contra la investigación, todos los fiscales del caso amenazaron con renunciar si se aprueban medidas como las propuestas en el Parlamento.

La audiencia estuvo dirigida por el presidente del Senado, Renán Calheiros, un hombre muy cercano al mandatario brasileño, Michel Temer, y que figura entre decenas de políticos sospechosos de haberse beneficiado de esa trama de corrupción.

Calheiros también es autor de una de las propuestas que sembraron la alarma en el poder Judicial, pues podrían abrir la puerta a que magistrados y fiscales sean procesados por aquellos que juzgan o investigan, lo cual fue negado tajantemente por el jefe del Senado.

“La legislación sobre abuso de autoridad que se pretende mejorar viene de la dictadura, un período violento que se perduró durante veinte años”, y “no es verdad que se intente impedir la investigación en Petrobras”, que “es sagrada y debe ser apoyada para disminuir la impunidad en Brasil”, afirmó Calheiros.

Moro -en ocasiones criticado y hasta censurado por la Corte Suprema por algunas decisiones, como hacer públicas grabaciones de audio obtenidas durante la investigación- admitió que los miembros del poder Judicial responden a las mismas leyes que todos los ciudadanos, pero pidió “garantías” para su tarea.

En ese sentido, propuso que toda iniciativa sobre abusos de las autoridades incorpore un artículo en el cual se establezca que “no configura delito la divergencia en la interpretación de la ley penal o procesal o en la evaluación de los hechos y las pruebas”.

Moro subrayó la petición después de que el senador Lindberg Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), una de las formaciones más implicadas en la trama de Petrobras, le acusara abiertamente de “abuso de autoridad” en el caso.

“Parece evidente que, con esa acusación, la intención de algunos es inhibir la acción de quienes investigamos ese asunto” y “hasta llegar a acusarnos posteriormente de abuso de autoridad”, dijo Moro.

Según el magistrado, “es imprescindible evitar que sean criminalizadas, en la práctica, las interpretaciones de la ley o la evaluación de los hechos y las pruebas” por parte de la Justicia y las autoridades policiales.

“Entiendo, respetuosamente, que no es el mejor momento para una deliberación” sobre ese asunto, pues “pudiera interpretarse como un intento de prevenir el avance de investigaciones criminales importantes”, como la que se realiza en Petrobras, agregó.

Para Moro, sin esa “salvaguarda”, las propuestas que tramitan en el Parlamento “tendrán como efecto práctico restringir la acción de los jueces, fiscales y policías en acusaciones” o incluso “amenazas temerarias de miembros de bandas criminales”, como “terroristas, narcotraficantes o implicados en tramas de corrupción”.

En ese marco, afirmó que su propuesta apunta a “impedir que el agente de la ley, sea juez, fiscal o policía, no sea penalizado por la posible aplicación equivocada de un ley que, en vez de prevenir abusos, inhiba el ejercicio de la función”.