Piden a Bukele fortalecer a Policía pare evitar ejecuciones en El Salvador

Dos organizaciones de derechos humanos de El Salvador pidieron este martes al presidente del país, Nayib Bukele, fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) para evitar las supuestas ejecuciones extrajudiciales atribuidas al cuerpo de seguridad.

Un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) atribuye a los agentes de la PNC al menos 116 “ejecuciones” entre 2014 y 2018, años en los que gobernó el expresidente Salvador Sánchez Cerén.

De acuerdo con Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPA), el referido informe busca que el Ejecutivo de Bukele, que tomó el poder el pasado 1 de junio, “asuma las condiciones en las que encuentra la PNC y busque mecanismos para que esto no se olvide”.

“El informe es contundente respecto a cómo actuó la Policía. La Policía sigue siendo la misma y los controles internos no se ven dentro del plan de seguridad que se está desarrollando”, dijo a Efe la activista.

Añadió que el fortalecimiento de instancias como la Inspectoría General de Seguridad Pública tampoco se estipula en el plan presentado por Bukele durante la campaña.

Por otra parte, señaló que la responsabilidad no recae únicamente en la PNC, dado que la población “aplaude este tipo de hechos” y la Fiscalía General de la República (FGR) “no responde de manera adecuada”.

Sostuvo que la FGR deja de investigar los hechos “cuando identifica que las víctimas pueden ser pandilleros”.

Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), señaló a Efe que esperan que el nuevo Gobierno realice “acciones de investigación para efectivamente depurar a la Policía” de los agentes que “estuvieron involucrados” en las supuestas ejecuciones.

Apuntó que “muchos de estos policías todavía siguen activos” y que deben enfrentar, al menos, sanciones disciplinarias administrativas.

Escalante también señaló la necesidad de que “este Gobierno fortalezca las medidas de control” y de investigación internas.

De acuerdo con la titular de la PDDH, Raquel Caballero, el referido informe deja ver un patrón de “uso excesivo de la fuerza”, plantea la necesidad de una “depuración” del cuerpo de seguridad y de la “creación de una política criminal integral” que aborde estos hechos.

Según la procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH, Beatriz Campos, la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por las autoridades policiales a enfrentamientos armados con supuestos pandilleros.

No obstante, Campos señaló durante la presentación del informe que “los indicios contradicen la versión del enfrentamiento armado y apuntan a que las víctimas fueron ajusticiadas cuando ya habían sido sometidas”.

La relatora especial sobre muertes arbitrarias de las Naciones Unidas, Agnes Callamard, denunció en febrero de 2018 la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador.