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Piden 31 años a “Txapote” por el atentado a la casa cuartel de Agreda en 2000
El exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, “Txapote”, se sentará mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de ordenar el atentado con coche bomba a la casa cuartel de la Guardia Civil de Agreda (Soria) en julio de 2000, unos hechos por los que se enfrenta a 31 años de cárcel.
Por este atentado ya fueron condenados a 23 años de prisión los etarras Asier Arzalluz, “Santi”, y Aitor Aguirrebarrena, “Peio”, miembros del comando “Totto”, quienes colocaron el artefacto explosivo que causó lesiones a una mujer y numerosos daños materiales.
El fiscal considera a “Txapote”, condenado entre otras cosas por los asesinatos en 1995 del presidente del PP en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez y en 2000 del periodista Jose Luis López de la Calle, responsable de los delitos de estragos y lesiones terroristas, por los que le pide 19 y 12 años de cárcel, respectivamente.
Los hechos que se juzgarán se remontan al 18 de abril del año 2000, cuando una furgoneta con matrícula francesa hizo explosión a las 14.40 horas junto a la casa cuartel, lo que causó un cráter de un metro y medio de ancho, dos metros de largo y medio metro de profundidad.
La furgoneta contenía 15 kilos de explosivo tipo tytadine y la detonación causó lesiones a una mujer en la pierna a causa de las que estuvo hospitalizada 21 días y no pudo trabajar 394 días, heridas por las que el fiscal pide que “Txapote” le pague una indemnización de 30.000 euros.
El representante del ministerio público considera que “Txapote” facilitó en Francia la furgoneta cargada con los explosivos a los miembros del comando “Totto”, además de “indicarles todos los datos necesarios para poder cometer el atentado, tales como ubicación del cuartel y otros de similar interés”.
Con estos datos, prosigue el fiscal, los ya condenados por perpetrar el atentado comprobaron y estudiaron la forma de cometerlo sin perjuicio para ellos.
Además de la pena carcelaria y la indemnización para la víctima, el fiscal reclama que se le prohíba acercarse a ella durante cinco años y que pague a los perjudicados por los daños materiales, tanto en la casa cuartel como en numerosas viviendas y en el puesto de la Cruz Roja.
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