Piden aplicar la “doctrina Botín” para no juzgar a la exalcaldesa de Jerez

La Audiencia Provincial de Cádiz decidirá en la próximas horas si juzga o no a la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, acusada de supuestas ilegalidades en cinco contratos de asesores después de que la defensa haya pedido el sobreseimiento aplicando la “doctrina Botín”.

Sánchez, junto a otras seis personas, se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz para afrontar el primero de los tres juicios que tiene pendientes por su gestión como alcaldesa entre 2005 y 2011.

Pero el tribunal ha decidido retrasar hasta mañana el inicio de este juicio para deliberar sobre las cuestiones previas que han planteado los abogados de los acusados para reclamar que la vista no se celebre y que el caso sea sobreseído.

El principal de los motivos es que entienden que en este caso, en el que ni el fiscal ni el Ayuntamiento han encontrado motivos para un proceso judicial, se debe seguir la denominada “doctrina Botín”, que establece que la acusación popular, que en este caso ha impulsado el también exalcalde jerezano Pedro Pacheco, no tiene legitimidad suficiente por sí sola para abrir juicio oral.

El abogado de Sánchez, Juan Pedro Cosano, ha pedido incluso al tribunal que tenga “un pronunciamiento vanguardista y pionero” sobre este “profundo debate” que está “absolutamente en boga”, en casos como los que afectan a los duques de Palma, y sobre el que se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie en los próximos días.

El abogado de la exalcaldesa no ha querido entrar en ello, pero otros abogados que se han adherido a este argumento sí han destacado además que la acusación popular responde a un “juego de venganzas entre políticos”, por lo que su legitimidad para ejercer la acusación popular “queda vetada”.

Se referían con ello a que la querella de Pacheco que dio origen a este proceso en 2009, en principio referida hasta a 32 contrataciones, fue interpuesta con posterioridad a la tramitada por la propia Pilar Sánchez ante la Fiscalía Anticorrupción contra él, también por la contratación de asesores, en un caso por el que el actual líder de Foro Ciudadano fue condenado hace unos meses a cuatro años y medio de prisión.

El fiscal, que ha pedido el sobreseimiento de las acusaciones pues considera que la exalcaldesa tenía potestad para llevar a cabo los dos contratos de alta dirección puestos en cuestión y que no hay indicios delictivos en los otros tres contratos laborales, ha señalado hoy que, según su criterio, la acusación popular sí está legitimada para que se inicie el juicio oral.

El fiscal sí ha entendido que las defensas podrían tener razón en otra de las cuestiones previas que han planteado, en el sentido de que el escrito de la acusación, que habla de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, es “un puzzle” en el que no se deja claro qué penas se piden para cada uno de los acusados.

Aunque el abogado de Pilar Sánchez ha sostenido que este asunto podía servir para declarar la nulidad de la apertura del juicio porque provoca “indefensión” en los acusados, el abogado de la acusación popular, Manuel Hortas, entiende que el tribunal podría simplemente pedirle que, antes del inicio del juicio o durante el mismo, concretara las cuestiones.

A la vista del debate el tribunal ha suspendido la vista oral hasta mañana, cuando zanjará el futuro de este caso.

Pilar Sánchez, actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía y para la que la acusación pide 23 años de prisión, no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación ni a la entrada ni a la salida de esta sesión.

La exalcaldesa tiene otras dos causas pendientes con la justicia que previsiblemente llegarán a juicio este año.

Una de ellas indaga la presunta concesión irregular de ayudas a una empresa para implantarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez (PTA) y otra el presunto desvío de fondos transferidos por el Estado al ayuntamiento al amparo del Plan E para el pago de gastos municipales.

En la primera de ellas, el fiscal ha pedido para ella siete años de prisión y 16 de inhabilitación, mientras que en la segunda ha solicitado tres años de cárcel y multa de 8,6 millones de euros.