Piden investigar a Macri por un decreto que amplía los beneficiarios de la amnistía fiscal

La Fiscalía argentina solicitó hoy investigar al presidente, Mauricio Macri, y a altos cargos de su Gobierno por la firma de un decreto que incluyó a los familiares de funcionarios públicos en una ley de amnistía fiscal.

El fiscal federal, Guillermo Marijuán, admitió la denuncia penal presentada la pasada semana por la legisladora de la agrupación izquierdista Libres del Sur Victoria Donda, quien acusó a Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de abuso de autoridad y de excederse en sus funciones como funcionarios públicos.

Marijuán entregó su dictamen al juez federal Ariel Lijo, al que pidió medidas de prueba relacionadas con la ley y el posterior decreto, explicaron fuentes judiciales citadas por la agencia estatal de noticias Telam.

El juez deberá resolver si da inicio formal a una investigación o desestima la denuncia.

“Tenemos una enorme tranquilidad respecto a la acción que hemos planteado y así lo debatiremos con toda la tranquilidad del mundo, como siempre hemos planteado en cualquier discusión con la Justicia”, aseveró Peña en un encuentro con la prensa.

El denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento en junio con el fin de recuperar al menos 20.000 millones de dólares no declarados.

Con esos fondos, el Ejecutivo quiere pagar una reforma del sistema de jubilaciones.

El artículo 83 de la ley excluía del plan a los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado, y así fue aprobada la normativa tras un intenso debate parlamentario.

Pero el 30 de noviembre, un decreto del Ejecutivo agregó que esas personas “podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos”.

Esa orden gubernamental encendió los ánimos de la oposición.

“Esta es la medida más vergonzosa desde que asumió su Gobierno”, dijo el pasado día 1 el diputado Felipe Solá, del peronista Frente Renovador.

Un decreto “es para reglamentar una ley, nunca para extenderla y mucho menos para violarla”, agregó.

La denuncia formulada por Donda menciona que el decreto “contradice explícitamente” la ley, que prohibía “el ingreso de familiares al mismo”.

“Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior Gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido”, señaló Donda en su denuncia, según Telam.

“Además de presidente, Macri es hijo de un multimillonario”, recordó días atrás Solá, quien sugirió que Macri “decidió que su padre, entre otros, pudiera blanquear dividendos por decreto, violando una ley para que su familia se beneficie económicamente”.

El Gobierno de Macri volvió hoy a rechazar esas acusaciones.

“Nosotros tenemos nuestra plena convicción de que lo que se hizo como decreto de ampliación, de interpretación en realidad, porque no modifica el espíritu de la ley, del tema de los familiares en el blanqueo, no está dentro de esas tipificaciones (delictivas) que plantea el fiscal”, subrayó Peña.

Para “transparentar” los bienes no declarados, el pasado 31 de octubre concluyó la primera etapa del régimen de “sinceramiento fiscal”, correspondiente a la presentación de declaraciones juradas y de apertura de cuentas para depositar los ahorros en efectivo dentro del país, tanto en moneda nacional como extranjera.

La siguiente fase caducó el 21 de noviembre, fecha límite para depositar esos fondos en las cuentas.

Hasta ese momento, se sumaron 21.863 millones de dólares entre bienes, cuentas bancarias y efectivo declarados en el país y en el exterior.

El 31 de diciembre vencerá el plazo para declarar ahorros fuera del país y el 31 de marzo de 2017 será la fecha límite para declarar propiedades y otros activos.