Piden la reforma urgente del mapa municipal pero alertan contra la fusión de ayuntamientos: suelen volver a separarse

El 95 por ciento de los 8.100 municipios españoles tiene menos de 20.000 habitantes y el 83 por ciento, menos de 5.000, pero aglutinan sólo al 12 por ciento de la población. Instituciones creadas para buscar la colaboración como las diputaciones son a juicio de estos expertos “ineficientes” y se podría por tanto “prescindir de ellas con naturalidad” a medio plazo, según ha explicado Luis Caramés, asesor de coyuntura económica del Consejo y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela.

En su opinión, uno de los problemas de fondo de que no se aborde otro mapa local es lo que se denomina “renta de situación”: la cantidad de cargos que los partidos colocan en las instituciones y cuya reducción, por tanto, tiene para ellos un alto coste político.

Además, Caramés ha señalado que las diputaciones se financian básicamente de transferencias para prestar servicios, no a través de impuestos propios, por lo que “los ciudadanos piensan que ese servicio no les cuesta, que la diputación es extraordinaria”, una fórmula que a su juicio no debería mantenerse.

Algo similar ocurre con mancomunidades o consorcios, que reciben el dinero que gastan de transferencias y que tampoco funcionan en su mayoría con eficiencia, en su opinión. Sin embargo, para este experto este es el camino que deberían seguir los municipios, el de la colaboración para prestar servicios, pero con organizaciones eficientes. De nuevo los problemas de reparto de poder político han complicado su funcionamiento.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha defendido como una de las claves para reorganizar el mapa que esté claro cuál es el destino de los impuestos que pagan los ciudadanos, quién los recibe y qué servicios financian con ellos. “Si no, no puede haber transparencia y no es eficiente, cuando la eficiencia va a ser estratégica”, ha dicho.

A modo de ejemplo, ha asegurado que un vecino de Barcelona “soporta” con sus impuestos seis administraciones, desde su ayuntamiento y hasta el Estado, lo que a su juicio debería ser revisado.

LA NUEVA LEY, UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Caramés ha sido crítico con la reforma local aprobada en 2013, una oportunidad perdida a juicio de estos expertos para afrontar el problema. “No nos gusta. Va a crear algunos problemas y ya veremos en qué medida no ataca la autonomía municipal, la sustancia del municipalismo”, ha dicho.

El catedrático ha abogado por lograr que los municipios cooperen con fórmulas eficientes y profesionalizadas, y por una educación que ayude a las nuevas generaciones a entender la desaparición de su municipio y la unión con otros. A medio plazo, este camino podría conllevar la fusión de ayuntamientos, que debe de estar incentivada económicamente.

Sin embargo, este experto ha hablado concretamente de una excepción, Castilla y León, con más de 2.000 municipios y en la que sí se tiene que fusionar municipios “de la manera más civilizada posible”, pero sin demora.

FUSIONES, SEPARACIONES

La profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela María Cadaval ha advertido también contra la fusión obligada de municipios, un proceso que se llevó a cabo en España en los años 50 con cerca de mil ayuntamientos, que volvieron a separarse después. “La fusión no ha funcionado”, ha dicho.

En su opinión, la reforma local ha sido “una vez más una oportunidad desaprovechada”, cuando además la crisis económica era un buen contexto para llevarla adelante y reordenar el mapa local, así como para buscar organizaciones colaborativas eficientes. Las mancomunidades, que “estaban bien pensadas en esencia”, no funcionan bien.