Piden la nulidad del juicio por la masacre que causó la destitución de Lugo en Paraguay

Familiares de los procesados por la masacre de Curuguaty, donde murieron 17 personas y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo, se concentraron frente al Palacio de Justicia para pedir la nulidad del juicio, cuya sentencia se produjo hoy hace dos años con condenas a once personas.

La protesta estuvo protagonizada por una decena de activistas y familiares de víctimas y condenados que con distintivos amarillos se congregaron en la misma sala donde se llevó a cabo el juicio que desembocó en condenas de entre 4 y 30 años de cárcel a los procesados.

El caso Curuguaty (este de Paraguay) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron seis policías y once campesinos.

A ese respecto, en el acto de hoy se recordó que la muerte de los labriegos no fue investigada por la Fiscalía.

“Recordamos el juicio más teatral que se hizo a los campesinos de Curuguaty, hoy hace dos años que se leyó la sentencia condenatoria de los campesinos, sin haber estudiado la causa de ellos, solamente de los policías”, dijo a Efe el obispo católico emérito Melanio Medina, uno de los participantes en el acto.

Agregó que actualmente hay en marcha un proceso de casación que busca dejar sin efecto todo el juicio y las condenas para dar lugar a la liberación de los condenados o iniciar un nuevo juicio de acuerdo a “las leyes”.

“Que se haga un juicio como corresponde, juicio de acuerdo a las normas de las leyes con eso si se acepta la casación queda nula la sentencia, queda nulo todo lo que se hizo”, añadió.

Medina repudió además que durante el juicio no se realizó la exhumación de los policías muertos para extraer las balas.

Y agregó que esa munición correspondía a armas de guerra que no portaban los campesinos en el momento del desalojo.

“Con armas de guerra murieron los policías y desaparecieron las pruebas, no permitieron hacer la exhumación para ver las balas que tenían los policías, que no eran de los campesinos. Los campesinos tenían rifles”, explicó Medina.

Por su parte Darío Acosta, hermano de uno de los campesinos fallecidos, indicó que manejan la hipótesis de que el enfrentamiento fue un montaje con el fin de destituir a Lugo.

Subrayó que los campesinos no estaban preparados para enfrentar a los policías que fueron a efectuar el desalojo.

Martina Paredes, hermana de otro fallecido en la masacre, expresó que tienen “esperanza” de que prospere el proceso de casación con el Gobierno entrante de Mario Abdo Benítez, que asumirá la Presidencia el 15 de agosto.

A finales de junio, la Corte Suprema de Justicia dispuso la libertad de María Fani Olmedo y Dolores López, dos de las once personas condenadas por la masacre.

Ambas cumplieron seis años de privación de libertad a los que fueron condenadas, buena parte de ellos bajo arresto domiciliario y prisión preventiva.

El tribunal impuso penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los once acusados, de los que cuatro aún permanecen en prisión.

La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar en 2012 la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).