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Piden al presidente de El Salvador avalar la ley para víctimas de desplazamiento

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

EFE

San Salvador —

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Los representantes de la organización humanitaria Cristosal pidieron este miércoles al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que dé el visto bueno a una ley de protección a personas desplazadas por la violencia que será votada el jueves en el Congreso.

Más de año y medio después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reconoció el fenómeno y ordenó a los diputados crear esta ley, dado que el sistema legal salvadoreño para atender a las víctimas es “anacrónica, restringida y deficiente”.

“Consideramos que es ineludible por parte de las diferentes fracciones políticas representadas en al Asamblea Legislativa que esta iniciativa sea aprobada mañana”, dijo a periodistas Celia Medrano, directora regional de programas de Cristosal.

Según la legislación salvadoreña, una ley puede ser aprobada únicamente con 43 votos de los 84 diputados y posteriormente debe ser sancionada (firmada para su entrada en vigencia), observada o vetada por el presidente.

De acuerdo con Medrano, “no habría razones de peso para que el Poder Ejecutivo vetara” la legislación.

La activista de derechos humanos llamó a Bukele a “poner en primer lugar las necesidades, los intereses y derechos de las víctimas” al firmar el decreto que legislativo que dará vida a la referida ley.

Por otra parte, Medrano señaló que el visto bueno del presidente a esta ley sería un paso para el pleno reconocimiento del fenómeno, que el Ejecutivo ha negado por varios años.

No obstante, señaló que es necesaria una declaración del “más alto nivel” del ejecutivo para dar por reconocido el fenómeno plenamente.

El director del Programa de Atención a Víctimas de Cristosal, Abraham Ábrego, explicó que la iniciativa que votarán los diputados contiene elementos de tres propuestas diferentes y tiene “los elementos mínimos que permitirían implementarla”.

Señaló que la financiación para los programas, cuyo presupuesto no fue incluido en el presupuesto para el 2020, se puede generar mediante reformas legales a determinados impuestos.

Agregó que la legislación “reconoce derechos de las personas desplazadas”, quienes por varios años únicamente fueron reconocidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las organizaciones sociales.

La violencia criminal que vive El Salvador obligó a más de 235.700 personas a desplazarse forzosamente durante el 2018, según una encuesta nacional de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y de Cristosal.

La sentencia de la CSJ en la que se ordenó la creación de la ley se dio en respuesta a una solicitud de amparo de una familia de 33 personas que tuvo que desplazarse de una localidad del centro del país por las amenazas de muerte y acoso por parte de la pandilla Barrio 18 porque 2 de las víctimas eran soldados.

En uno de estos ataques fueron violadas una mujer y una niña de 12 años, por lo que decidieron huir a la oriental localidad de Berlín, donde fueron acosados por los cuerpos de seguridad y la Policía asesinó a la mujer que fue abusada sexualmente.

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