Piden al fiscal peruano referirse a esterilización forzada antes de comicios

La ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) exhortó hoy a la Fiscalía de Perú a que divulgue antes de las elecciones presidenciales las conclusiones de la investigación que realiza sobre las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante el Gobierno del Alberto Fujimori (1990-2000).

El abogado de la ONG peruana y exprocurador anticorrupción Julio Arbizu lamentó en un comunicado de esa organización que el fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, ampliara el plazo de investigación hasta el 7 de julio después de que en febrero ya se hubiera prorrogado por 75 días.

Arbizu consideró que la decisión de Sánchez hace que la investigación, a cargo de la fiscal Marcelita Gutiérrez, se someta “al vaivén político” de la contienda electoral, que culminará el domingo 5 de junio con la elección del nuevo presidente entre Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y el exministro Pedro Pablo Kuczynski.

“Al dilatarse su pronunciamiento hasta después de las elecciones se puede viciar la investigación porque los involucrados son personajes vinculados a la candidata presidencial Keiko Fujimori”, explicó Arbizu.

El exprocurador recomendó a la Fiscalía pronunciarse antes de los comicios para “rechazar cualquier injerencia política” que reste seguridad a las partes involucradas en el proceso, quienes “tienen la impresión de que se está esperando a saber quién ganará las elecciones” para publicar el resultado de la investigación.

La investigación fiscal a cargo de Gutiérrez abarca las denuncias de 2.074 personas, pero existen más afectadas que piden ser incluidas en la investigación.

La fiscal pidió el 9 de febrero, fecha en que vencía el plazo para formular la denuncia, una ampliación de 150 días, de los que la fiscal superior Luz Ibáñez le concedió 75.

La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.

Keiko Fujimori, en cambio, solo reconoció en marzo la existencia de unas treinta denuncias en la Fiscalía y añadió que en un eventual Gobierno suyo apoyará la reparación a las víctimas de las “mal llamadas esterilizaciones forzadas si las hay”.

En cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar en mayo pasado una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013.

La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se habían encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.