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La PDLI pide a la Fiscalía que retire la petición de cárcel por los chistes de Carrero Blanco

Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

elDiario.es

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha registrado este viernes una petición a la Fiscalía para que retire la solicitud de dos años y medio de prisión para Cassandra, la tuitera que hizo chistes sobre Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973. La PDLI considera que pedir cárcel por ello “es una vulneración grave e indiscutible de la libertad de expresión”.

El Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia notificó a la joven que la Fiscalía pedía esta pena, sumada a tres años de libertad vigilada, la retirada de los tuits y la apertura del juicio oral en la Audiencia Nacional. Cassandra es acusada de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y el fiscal asegura que los tuits suponen “enaltecimiento del terrorismo”.

“Kissinger le regalo a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”, “¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche?”, “Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA Films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial” o una imagen de un astronauta con la cara del general son algunos de los mensajes publicados en Twitter. Carrero Blanco fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973 en un atentado que acabó con el coche del franquista en la azotea de un edificio cercano.

El equipo jurídico de la PDLI, que ha analizado el escrito de acusación, discrepa de la interpretación de la Fiscalía y asegura que “no hay delito”, según Carlos Sánchez Almeida, director legal de la plataforma.

“El matiz más importante en los artículos del Código Penal en los que basa su acusación es es la existencia de intencionalidad, es decir, el aspecto subjetivo del delito. En este caso se trata claramente de unos chistes, por lo que no hay tal. Se podrá discutir si es apropiado o inapropiado, pero no hay enaltecimiento ni menosprecio a las víctimas”, añade.

La plataforma denuncia “la vaguedad” con la que se regulan estos delitos, lo que a su juicio constituye “una amenaza latente a todo el que se pueda plantear la difusión de opiniones extremas o minoritarias, especialmente a través de las redes sociales, o hacer humor negro o menos convencional”. En su opinión, lo ocurrido a Cassandra es “poner límites al humor [...] en España este modo se aleja de los parámetros internacionales sobre libertad de expresión”.

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