Podemos denuncia a Báñez en el Supremo por no acudir al Parlamento andaluz

Podemos ha presentado hoy en el Tribunal Supremo (TS) una denuncia por desobediencia contra la ministra de Empleo en funciones, Fátima Bañez, y la consejera del Tribunal de Cuentas Dolores Genaro, al no acudir a la comisión que investiga en el Parlamento andaluz el fraude en los cursos de formación.

La denuncia, a la tuvo acceso Efe, ha sido presentada este viernes en la Sala Segunda del Supremo y en ella se explica la incomparecencia de ambas a la comisión de investigación “tras haber sido requeridas legalmente”.

El diputado y miembro de la comisión de investigación de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, argumenta la denuncia en el artículo 76 de la Constitución, en el 44.1.4 del Reglamento del Parlamento de Andalucía y en el artículo 502 del Código Penal, y asegura que Báñez y Genaro Moya han sido requeridas bajo el apercibimiento exigido en el Código Penal, “con indicación expresa de la responsabilidad en la que pudieran incurrir”.

“No existe ninguna norma legal que constituya eximente” de su conducta, asegura Moreno Yagüe, que recuerda que el órgano constituido en el Parlamento no es de control, sino de investigación.

Por ello y en aplicación de la normativa, destaca que el legislador “ha querido dar una relevancia a las comisiones de investigación parlamentarias, sin excluir a nadie de la obligación de comparecer si es llamado a ellas”.

Recuerda que ninguna de las dos personas citadas han dado razones médicas o de otra índole que justifiquen sus actos.

Según la denuncia, la determinación de Báñez y de Genaro Moya de no acudir a la comisión responde a una decisión “estrictamente personal, sin amparo legal y las comunicaciones, sin el mínimo respeto institucional”, con lo que “nos hace suponer que son personas que han decidido conscientemente incurrir en una conducta de rebeldía y desobediencia”.

Para el diputado de la formación morada, la incomparecencia “presenta apariencia clara de delito” y considera que “negar la evidencia es imposible en este caso”, a la vez que sostiene que como representante de los andaluces en el Parlamento autonómico es “perjudicado directo por los hechos perpetrados”.

Lo sucedido integra indiciariamente un “delito de desobediencia especial”, subraya Podemos en la denuncia, que precisa que si los denunciados “fueran autoridad o funcionario público se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años” en aplicación del artículo 502 del Código Penal.

La ministra Báñez y la consejera Genaro Moya estaban citadas para el pasado lunes en el Parlamento andaluz aunque ambas se disculparon con sendos escritos en los que justificaban su ausencia.

Bañez presentó un informe del Consejo de Estado que señalaba la no competencia de una Cámara autonómica para controlar a una ministra, mientras que Genaro Moya elevó un escrito en el que consideraba que su presencia carecía “de sentido y de sustento normativo”.