Podemos pide prohibir que los diputados puedan compatibilizar los negocios privados

Podemos ha propuesto endurecer el régimen de incompatibilidades para prohibir que los diputados y parlamentarios puedan tener negocios privados mientras ocupan el cargo, aún cuando sean comunicados a las cámaras.

Es la respuesta de Podemos a la noticia de que el embajador de España en India, Gustavo de Arístegui, y el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna cobraron comisiones de gobiernos de África y Latinoamérica por lograr contratos para empresas españolas.

“O ponemos freno a las puertas giratorias o esto es un absoluto escándalo”, ha asegurado el exjuez del caso Noos y candidato de Podemos por Baleares, Juan Pedro Yllanes, que se ha mostrado asombrado de la “capacidad de autocontención” de los ciudadanos que escuchan este tipo de noticias “sin pestañear”.

En una rueda de prensa para presentar el Plan Nacional contra la Corrupción y por la Transparencia, Yllanes se ha preguntado cómo es posible que un diputado cobre supuestamente cerca de 15.000 euros al mes “por ejercer de lobista” mientras ocupa un escaño del Congreso.

“Ejercer de lobista cuando se ejerce un cargo público entonces ya estamos hablando del Código Penal, de cosas muy serias”, ha alertado.

El propio diputado Íñigo de la Serna ha aclarado hoy que su actividad como asesor de empresas es “lícita y legal” y además fue autorizada en su día por el Congreso de los Diputados.

“Si ha sido autorizada entonces habrá que plantearse cómo un diputado está en el legislativo y además es asesor”, ha replicado Yllanes, que ha abogado por reformar la ley de incompatibilidades para que un diputado no trabaje por la mañana en el Congreso “y por las tardes” a utilizar sus conocimientos para favorecer a empresas.

El plan contra la corrupción de Podemos establece precisamente la supresión de las llamadas “puertas giratorias” y la prohibición de que los grupos de presión contraten a diputados o a sus asistentes.

Ningún alto cargo -todo aquel nombrado en Consejo de Ministros- podrá pasar a los consejos de administración de empresas que operen en “sectores estratégicos” del Estado, entendiendo por ello, todas las empresas del IBEX.

La incompatibilidad para tomar decisiones en ámbitos relacionados con su actividad pública se ampliaría a los diez años.

Otra de las medidas del plan de Podemos sería la ampliación de la Ley de Transparencia para establecer “paredes y bolsillos de cristal” y una ley de contratación pública que elimine el procedimiento negociado sin publicidad y limite la llamada “contratación menor”.

Podemos propone también una nueva Ley de Financiación de Partidos que impida el endeudamiento bancario de las fuerzas políticas, porque es “perjudicial para la democracia” e impide a los gobiernos adoptar medidas contra sus acreedores.

En materia judicial, el partido de Pablo Iglesias apuesta por una despolitización del Tribunal Constitucional y la elección directa por parte de los ciudadanos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como la creación de la figura delictiva del “enriquecimiento injusto o ilícito” para altos cargos.

El número uno de Podemos por Baleares ha sido especialmente crítico con la falta de medios que sufren los juzgados que persiguen los casos de corrupción, así como con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de entrar en vigor y que limita el tiempo de instrucción de las causas penales.

A juicio de Yllanes es “ridículo” el plazo de seis meses de instrucción contemplado en la ley, e incluso la ampliación a 18 meses en las causas más complejas.

Yllanes, que ha reconocido que no ha sufrido ningún tipo de presión o indicación en su trabajo judicial en el caso Noos, ha calificado diciembre como un “mes trágico” para la lucha contra la corrupción por la entrada en vigor de esa reforma de la ley de enjuiciamiento.