El Poder Ciudadano venezolano declara “improcedente” un procedimiento contra magistrados del Supremo

El Poder Ciudadano de Venezuela ha considerado improcedente una solicitud de la oposición que pedía que calificara como falta la decisión de los magistrados del Supremo de asumir las funciones del Parlamento.

La Constitución venezolana estipula que para que el Parlamento pueda iniciar el proceso de destitución de los magistrados del Supremo, el Poder Ciudadano, previamente, debe considerar que los jueces han cometido una falta grave.

El Poder Ciudadano es una institución integrada por la Fiscalía, la Contraloría y el Defensor del Pueblo.

En declaraciones a la televisión estatal, el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, quien ocupa ahora la presidencia del Poder Ciudadano, informó hoy de esta decisión, que se apoya en que las sentencias que privaban de sus funciones al Parlamento “ya fueron de oficio aclaradas” posteriormente el máximo tribunal.

El Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, “acordó declarar la improcedencia de la referida solicitud” por considerar que es “inoficioso emitir pronunciamiento sobre las presuntas faltas incurridas por los magistrados de la Sala Constitucional”, dijo Saab.

Con ello se refirió a los siete magistrados que dictaron dos fallos que, entre otras decisiones, contenían medidas que otorgaban al Supremo la facultades del Legislativo mientras este persistiera en desacato.

Esa decisión fue interpretada por la oposición y por la propia Fiscalía General de Venezuela como una “ruptura del orden constitucional”.

El Parlamento, controlado por opositores, acordó el miércoles abrir un procedimiento para destituir a esos magistrados a pesar de que el propio Poder Judicial suprimió partes de las sentencias y revocó esas medidas tres días después.

El pronunciamiento de Saab responde a una petición de un grupo de ciudadanos “en relación a la eventual calificación de la falta en la que presuntamente podrían encontrarse incursos esos magistrados”, explicó el defensor.

La calificación de esa falta era un elemento indispensable para que los opositores en el Parlamento pudieran avanzar en el proceso para intentar remover a los magistrados que tomaron la decisión.

En paralelo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzó también hoy a recoger firmas para solicitar al Poder Ciudadano que avale el proceso contra los magistrados.