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El Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de la ley de Seguridad Ciudadana

El máximo órgano de gobierno de los jueces aprueba por unanimidad el informe que remitirá al Gobierno sobre el proyecto de Fernández Díaz

El informe considera que el papel de la Policía es excesivo y demasiado determinante en la imposición de sanciones administrativas

El texto critica la posibilidad de usar seguridad privada para el control de manifestaciones y pone en cuestión la pretensión de prohibir grabar a los agentes en el desarrollo de sus funciones

El Gobierno, reunido en el Congreso para aprobar la distinción a Suárez

Jorge Fernández Díaz junto al portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso

El Consejo General Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe que cuestiona la constitucionalidad del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ha elaborado el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz. Los jueces rechazan algunos aspectos de la normativa planteada y así se lo transmitirán al Gobierno de Mariano Rajoy, aunque no es vinculante.

Entre las críticas del organismo se encuentra la posibilidad de que se responsabilice a los convocantes de manifestaciones o protestas de los disturbios que se generen en el desarrollo de las mismas. El informe del CGPJ pone freno también a la pretensión del Gobierno de buscar luz verde para usar seguridad privada en el control de manifestaciones. En este punto, los jueces recuerdan que el artículo 104 de la Constitución deja bien claro que las garantías de los derechos son solo responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El texto ha sido elaborado por dos vocales del Consejo, un progresista y un conservador, y se ha aprobado por unanimidad con dos votos particulares concurrentes –es decir, que están de acuerdo con el informe pero solicitan una modificación o añadido-, uno del vocal Enrique Lucas, al que se adherirá la vocal Mercé Pigem; y otro de la vocal Concepción Sáez, según ha informado el CGPJ.

el informe pone el acento en la pérdida de garantías procesales que supondría la ley, de aprobarse tal cual ha sido planteada por el Gobierno. Al ampliarse la cuantía de las sanciones, se limita el derecho de defensa de los afectados y se eleva sobremanera el poder de la Policía para acusar. "Tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracción administrativa -señala el informe- tiene como consecuencias, entre otras, que será la Administración, y no un órgano judicial, la que imponga la sanción; que para revisar ésta será necesario el pago de tasas judiciales –que no existen en el procedimiento penal-; y que las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de carácter probatorio".

Sobre la prohibición de grabar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el texto dice que "la referencia al peligro que el uso de imágenes de autoridades o agentes pueda suponer para su seguridad personal está formulada en términos tan vagos y extensos que se plantean problemas de taxatividad".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en diciembre que solo cambiaría el contenido del anteproyecto de ley si lo ordenaba Mariano Rajoy: "Salvo que lo diga el presidente, desde luego no", respondió durante un desayuno informativo. Además, Fernández Díaz se mostró convencido de que el texto no tiene tacha de inconstitucionalidad alguna y de que la ley sería absolutamente adecuada al ordenamiento constitucional y la jurisprudencia de los altos tribunales.

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