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El Poder Judicial en funciones reactiva los nombramientos de jueces que paralizó hace cuatro meses

El presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes.

Elena Herrera

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende reactivar estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de una treintena de plazas en los principales tribunales. Siete de ellas en el Supremo, el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales salvo en materia de garantías y derechos constitucionales y donde los nombramientos para magistrados son vitalicios salvo renuncia de la persona interesada. Los demás altos cargos —incluidos los presidentes de Sala del Supremo— tienen una duración de cinco años prorrogables una vez.

El pasado 16 de enero, la cúpula del Poder Judicial anunció por sorpresa que paralizaba los nombramientos con el argumento de que confiaba en que hubiera una “pronta renovación de la institución” tras la constitución de las cámaras y la formación de Gobierno. Hasta entonces había renovado 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. No obstante, en ese momento la cúpula del Poder Judicial ya advirtió de que los procesos selectivos volverían a ponerse en marcha si en un “tiempo prudencial” no se constataban “avances de cara a esa renovación”. Este jueves, la comisión permanente ha acordado elevar al Pleno las bases que regirán el proceso de nombramiento de 25 plazas. Este órgano, conformado por veinte vocales y el presidente, Carlos Lesmes, tiene que votar la propuesta. 

Fuentes del Poder Judicial justifican la reactivación de los nombramientos con el argumento de que cuatro meses después de ese anuncio no hay novedades sobre la renovación y las vacantes se siguen acumulando, muchas por jubilación o fallecimiento, y no es posible cubrirlas sin concurso. Además, se considera necesaria la renovación de estos puestos en los principales tribunales para afrontar el incremento de la carga de trabajo que se prevé para el futuro inmediato por la saturación de la justicia que va a provocar la pandemia de la COVID-19. 

A las 25 plazas anunciadas este jueves habría que sumar las cinco que quedaron en suspenso el pasado enero, tres en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que ya habían completado el proceso de selección y estaban a falta sólo de la votación en el Pleno. Además de las siete del Supremo, la previsión es renovar 13 plazas en tribunales superiores autonómicos y otras diez en audiencias provinciales. La votación no ha sido por unanimidad: los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya han rechazado la propuesta y han anunciado la formulación de un voto particular. 

El inicio de la situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años del actual Consejo. La situación se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Al frente de la institución sigue Carlos Lesmes, elegido en 2013, y que que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. 

El Partido Popular se ha negado reiteradamente a renovar el CGPJ después de que el último intento saltara por los aires en noviembre de 2018 tras filtrarse un mensaje en el que el entonces  portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que el era el nombre pactado con el Gobierno– se controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.

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