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El Poder Judicial dice que no puede dar instrucciones a jueces ante la petición de excarcelación de Zaplana

El expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV entregó 10.000 firmas solicitando la puesta en libertad del exministro "por razones humanitarias"

El CGPJ recuerda que tiene "vedado" dar instrucciones a jueces o tribunales sobre las decisiones que toman en el ejercicio de su función jurisdiccional 

El exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dará instrucción alguna a la jueza que ha decidido mantener en prisión al exministro Eduardo Zaplana, aquejado de leucemia. La Comisión Permanente ha analizado este jueves el escrito en el que el expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV, José Luís Bayo, pedía su excarcelación  "por razones humanitarias". Bayo acompañó ese documento de 10.000 firmas de ciudadanos reclamando la salida de la cárcel de Zaplana. 

En un comunicado, el Poder Judicial ha informado de que tal y como establecen los artículos 117 de la Constitución y 12 de la LOPJ, este órgano tiene "vedado" dictar instrucciones de carácter general o particular dirigidas a jueces o tribunales sobre la aplicación o interpretación jurídica que llevan a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional.

La instructora de la causa, María Isabel Rodríguez, ha denegado en varias ocasiones la libertad provisional al exministro por el riesgo de destrucción de pruebas y fuga. Las grabaciones del caso Erial han revelado que la enfermedad de Zaplana no le habría dificultado realizar gestiones económicas incluso desde el hospital. Así, pese a su delicado estado de salud y su trasplante de médula, según fuentes jurídicas, Zaplana "estuvo gestionando telefónicamente sus negocios desde el hospital", pese a haber tenido un grave recaída de su leucemia tras la intervención quirúrgica.

Recientemente, hasta 28 exministros de gobiernos de José Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han pedido a las autoridades judiciales que se tenga en cuenta "los principios humanitarios" debido a un "peligro de muerte inmediata".

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