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El Poder Judicial da vía libre a la reforma del PP que acabó con la justicia universal

La Comisión Permanente del CGPJ ha elaborado el informe sobre el Anteproyecto de ley del Poder Judicial que el pleno votará el próximo 26 de junio

El informe se opone a la instrucción por parte de tres jueces de las 'macrocausas' porque "se compagina mal" con la "agilidad" de la justicia

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala la supresión de la justicia universal que aprobó el PP en solitario y por la vía de urgencia en el Congreso. Así lo ha establecido la Comisión Permanente en el informe que ha elaborado sobre el Anteproyecto de ley del Poder Judicial que el pleno del organismo votará el próximo 26 de junio. No obstante, este planteamiento no es el definitivo ya que en el debate se podrán plantear y, en su caso, aprobar enmiendas a ese posicionamiento.

La Comisión Permanente -formada por tres magistrados conservadores, dos progresistas y uno nacionalista- respalda la decisión del PP de acabar con la jurisdicción universal. "No existe una norma internacional general que obligue a los estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribución de jurisdicción penal a sus tribunales", señala el texto. "Si lo hacen, y en qué medida lo hacen, es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional", añade.

El PP tramitó por la vía de urgencia la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en el apartado referido a la justicia universal. Con ese cambio legislativo el partido que sustenta al Gobierno impide que se persigan delitos de lesa humanidad como se había hecho hasta entonces, ya que se establecen limitaciones (solo podrán juzgarse si entre las víctimas hay españoles, si son ellas o la Fiscalía quienes denuncien los hechos y si los perpretadores de los crímenes tienen nacionalidad o residencia en España).

La modificación conllevaba en la práctica el archivo de doce causas que se investigaban en la Audiencia Nacional, entre ellas el asesinato del cámara de Telecinco José Couso o los genocidios en Ruanda o Guatemala. El trámite parlamentario se inició poco después de que la Audiencia Nacional imputara a varios exdirigentes chinos por el genocidio del Tíbet.

La maniobra parlamentaria ha sido duramente criticada por la oposición -el PSOE la ha recurrido ante el Constitucional-, por dos de las principales asociaciones de jueces y por los propios magistrados de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal de este tribunal se ha opuesto al archivo de varios de los casos que se investigan.

Por ejemplo, avaló la decisión del juez Santiago Pedraz de continuar con la instrucción de la causa en la que investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso al entender que archivarla contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

Contra la instrucción de tres jueces

La reforma de la ley del Poder Judicial también persigue acabar con los 'jueces estrella' que se encargan de la instrucción de las grandes causas, como el caso Gürtel, el caso Bárcenas o el caso de los ERE. El texto aprobado por el Consejo de Ministros plantea la creación de un órgano colegiado de tres jueces que se encarguen de esas investigaciones.

La Comisión Permanente del CGPJ se opone a este "sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal". "La agilidad que debe presidir la instrucción criminal se compagina mal con un sistema de colegio, que hará necesaria la presencia de, al menos, tres jueces para realizar todas las diligencias de instrucción y para adoptar las resoluciones, previa su deliberación -expresa el texto-. El sistema colegial por su propia naturaleza es, en principio, más lento, por lo que no parece que sea idóneo para lograr una instrucción más rápida".

Además, el CGPJ reprocha al Gobierno que defienda esa medida como "reparto de responsabilidades". "Lo que subyace es una desconfianza ante el juez de instrucción en relación con la entidad que pueda tener un determinado asunto, sospechando que la investigación y las resoluciones puedan venir determinadas por la presión ante la relevancia del asunto", sostiene el informe que los vocales votarán a finales de junio: "Tal temor no viene respaldado por datos objetivos ni por los casos de instrucciones especialmente relevantes que han existido o existen actualmente", concluye.

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