La Policía de Nicaragua presenta a cuatro acusados de terrorismo tras las protestas

La Policía de Nicaragua presentó hoy a cuatro hombres acusados de “terrorismo”, luego de haber participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega en una ciudad del norte del país.

Oneal Josué Granados y Moisés Alfredo Leiva Chavarría, ambos de 24 años, así como Yelsin Efrén Mairena, de 25, y Eddy Antonio Montes Praslin, fueron presentados este miércoles como “terroristas”, por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, a través de medios del Gobierno.

Según la DAJ, los nicaragüenses están “vinculados a hechos delictivos ocurridos en meses pasados en la ciudad de Matagalpa”, al norte de Nicaragua.

El grupo es acusado por la Policía de “asesinato frustrado, secuestro, lesiones gravísimas, incendio, daños a la propiedad y portación ilegal de armas”.

Los delitos supuestamente los ejecutaron entre mayo y julio pasados.

Organizaciones humanitarias han insistido en que las personas capturadas por participar en protestas contra Ortega no son terroristas y no han cometido delitos, por lo que las clasifican como “presos políticos”, de los cuales hay al menos 459 tras las rejas, según sus propios datos.

El Gobierno de Nicaragua ha informado de más de 200 reos, a los que denomina “terroristas y ”golpistas“.

Las organizaciones humanitarias locales e internacionales también han advertido que entre 322 y 512 personas han muerto como producto de la “represión” desde el estallido social de abril, de los que el Gobierno reconoce 199.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza la responsabilidad y mantiene su argumento del intento de “golpe de Estado”.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social el 18 de abril pasado, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.