La Policía registra 19 clínicas de iDental (5 en Andalucía) en busca de pruebas de fraude y mala praxis

La Policía Nacional ha registrado este viernes 19 clínicas y oficinas vinculadas a iDental en ocho comunidades autónomas -cinco de ellas en Andalucía- en busca de historiales médicos y pruebas del presunto fraude que se investiga por el cierre de este negocio, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Fuentes de este tribunal han indicado que los registros afectan en concreto a 17 clínicas: 5 en Andalucía (Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga), 5 en la Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), 3 en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), así como en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia.

En Andalucía la investigación sobre estas la mala praxis en estas clínicas dentales excede la responsabilidad de la propia empresa. El pasado mes de julio, el movimiento Marea Blanca de Sevilla, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía y la asociación sevillana de afectados por iDental presentaron una denuncia ante la Fiscalía señalando también a la Consejería de Salud como parte de la supuesta estafa de iDental, que ha dejado a cientos de afectados en Andalucía. Los denunciantes recordaban en su escrito las múltiples advertencias de mala praxis emitidas desde la Inspección Médica y el Colegio de Dentistas contra estas clínicas de bajo coste.

La Consejería de Salud, según la denuncia, no adoptó medidas cautelares cuando recibió las primeras quejas el año pasado. “Se podría haber evitado mucho sufrimiento a muchas familias (entre mayo de 2017 a febrero de 2018) si las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía hubieran adoptado medidas cautelares, como el cierre temporal”, reza el escrito remitido al fiscal. 

Podemos adjuntó al escrito de denuncia remitido al Ministerio Público varios informes de la Inspección Sanitaria -fechados desde mayo de 2017- alertando de mala praxis en las clínicas de iDental. Uno de esos informes, del 8 de mayo del año pasado, recomienda a la Consejería de Salud “adoptar urgentemente medidas cautelares: en primer lugar, incoar un expediente sancionador y resolver de inmediato el cierre temporal de establecimiento (...) y, en paralelo, al cierre cautelar; realizar una inspección conjunta consumo-salud bucodental para comprobar la adecuación a la normativa urgente...”. A pesar de ello, la Secretaría General de la Delegación de Salud en Sevilla “decide no adoptar medida cautelar alguna ante un evidente problema de salud pública”.

El caso del supuesto fraude en iDental ahora está en manos de la Policía. Los agentes se han personado también este viernes en la sede en Madrid de Weston Hill Capital, la sociedad de inversión que adquirió el grupo iDental y que posee también la cadena de clínica Institutos Odontológicos (IO).

Los registros han sido practicados en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, y en concreto por agentes de la UDEF y la UDEV, así como con Mossos d'Esquadra en el caso de las clínicas situadas en Cataluña.

Según las primeras investigaciones, tras el colapso de iDental en octubre esta sociedad se hizo con el 100% del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo el mismo modelo de negocio, explica la Audiencia Nacional en una nota de prensa.

Esta sociedad de inversión se dedica a la adquisición de empresas en situación desfavorable y a maximizar la inversión a corto plazo y, según los indicios de los que dispone De la Mata, se trataría de fondos “distressed” o “holdouts”, conocidos como fondos “buitre”.

También sospechan los investigadores que Weston Hill, como propietaria de IO, podría haberse beneficiado para ese negocio del material e instrumental obtenido en la compra de iDental.

El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Lo hizo por el “volumen extraordinario de la causa”, la existencia “de miles o decenas de miles de perjudicados” repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Según las investigaciones, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones.

El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo.

El precio de los tratamientos era financiado por entidades de crédito actuando iDental como intermediario y siendo beneficiario directo de los fondos, quedando el cliente como deudor de la entidad financiera, mientras que IDental quedaba libre de cualquier responsabilidad fuera del tratamiento.

Para captar clientes, la sociedad usaba técnicas muy agresivas de marketing bajando drásticamente los precios iniciales.

Una vez que iDental cobraba el total de lo financiado, y el cliente comenzaba a pagar las cuotas, las denuncias de perjudicados señalan que, o bien no se iniciaba el tratamiento con disculpas y anulaciones de citas, o se iniciaban los mismos siguiendo múltiples denuncias de mala praxis.

El objetivo de las dilaciones era que venciese el periodo estipulado para que el cliente pudiese rechazar el tratamiento y su financiación y cuando éste pide. la anulación de las financiación y el reintegro del dinero, los responsables evitan acudir a las citas.

Otros clientes sufrieron en lesiones por tratamientos inadecuados con materiales de mala calidad o carencia de los mismos y también se ha denunciado que el personal era no cualificado y sin experiencia, y se produjeron amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de Idental.

El modelo de negocio habría colapsado en octubre de 2017 por la deudas contraídas con los proveedores ocasionando que los empleados no cobraran su nómina y los pacientes no recibieran su tratamiento.