Policía desaloja a manifestantes acampados frente al Congreso en Brasil

La Policía retiró hoy a la fuerza, al vencer el ultimátum que había dado para el desalojo, a un puñado de manifestantes de grupos que piden la renuncia de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y que estaban acampados desde hacía varios días frente a la sede del Congreso Nacional, en Brasilia.

Pese a que la mayoría de los acampados desmontó sus tiendas entre el viernes y la mañana de este sábado, una veintena decidió resistir a la orden de retirada y se encerró en sus carpas cuando los uniformados llegaron al lugar para desalojarlos.

Los activistas fueron sacados a la fuerza de las tiendas por los policías, que retiraron tanto las carpas como todo el material que los manifestantes tenían en el campamento y escoltaron a los barrenderos enviados para limpiar los jardines del Congreso.

Algunos pocos manifestantes permanecieron en el lugar gritando consignas contra el Gobierno pero sin provocar ningún incidente.

Los dos campamentos instalados en áreas diferentes del gigantesco jardín ubicado frente a la edificación del Congreso fueron desmontados pocos minutos después de las 19.00 hora local (21.00 GMT), cuando terminó el ultimátum dado por las autoridades para que los manifestantes se retiraran del espacio público.

Uno de los grupos, el más moderado y que pide que el Congreso inicie un juicio político para destituir a la jefe de Estado, comenzó a desmontar sus carpas desde la víspera y tan sólo dejó algunas tiendas en el área, que fueron las retiradas por la policía.

El otro, más radical y que defiende una intervención militar que le ponga fin al Gobierno de Rousseff, amenazó con desobedecer la orden de retirada y con resistir a cualquier acción policial, pero terminó desmontando su campamento pocos minutos antes de que concluyera el ultimátum y sin ningún incidente.

Las autoridades temían un posible conflicto para desalojar al grupo más radical debido a que algunos de sus miembros, entre los cuales hay policías y exmilitares, admitieron estar armados y amenazaron con una respuesta violenta al desalojo.

Los dos campamentos, en los que llegaron a dormir hasta 200 personas convocadas por las redes sociales, fueron montados por grupos que exigen la renuncia o la destitución de Rousseff, algunos de los cuales cuentan con el respaldo de partidos de la oposición.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos para destituir al jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados “delitos de responsabilidad”, entre los cuales manejos irregulares de las finanzas públicas.

La oposición alega que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al haber avalado una serie de maniobras que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, un cuestionado dirigente de un partido oficialista que hace meses anunció su decisión personal de sumarse a la oposición, hasta ahora ha rechazado todas las peticiones de juicio contra la mandataria.

Los campamentos de los grupos opositores a la Presidenta fueron autorizados por Cunha y tolerados por algunas semanas, pero un incidente violento ocurrido el miércoles obligó tanto al Congreso como al gobierno regional de Brasilia a acordar un plazo de 72 horas para la retirada de los manifestantes.

Los manifestantes ya habían entrado en conflicto con integrantes de grupos que defienden el Gobierno pero la gota de agua fue la detonación de un petardo y los disparos hechos contra las participantes de una marcha de mujeres negras que reunió a cerca de 4.000 personas el pasado miércoles frente al Congreso.

La Policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a los más exaltados, que se venían insultando y provocando antes de que el estallido de un petardo provocara una confusión generalizada.

Dos agentes de Policía que estaban acampados con los grupos que defienden una intervención militar en Brasil fueron detenidos por haber hecho disparos al aire durante los incidentes.