La Policía reprime con violencia las protestas contra un fraude electoral en Kenia

La Policía keniana reprimió hoy con gas lacrimógeno y palos de madera las protestas desarrolladas en diferentes ciudades del país contra las autoridades electorales, a quienes la oposición acusa de haber pactado ya con el Gobierno el amaño de las elecciones presidenciales de 2017.

La más significativa fue en Nairobi, donde dirigentes y simpatizantes de la Coalición para la Reforma y la Democracia (CORD), la principal formación opositora, se congregaron por tercera vez ante la sede central de la Comisión Electoral Independiente (IEBC, en sus siglas inglés), exigiendo la dimisión su cúpula.

Varias personas resultaron heridas en los violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales, que lanzaron gas y golpearon con palos o realizaron disparos al aire para ahuyentar a los manifestantes.

Incluso el propio líder de la CORD, Raila Odinga, fue atacado cuando viajaba en su vehículo (en cuyo parabrisas impactó un objeto que algunos identifican como una piedra y otros como una bala), aunque salió ileso.

La Policía desplegó a decenas de agentes y vehículos blindados antidisturbios por las calles de la ciudad para impedir el acceso de los manifestantes a la sede de la IEBC, situada en el edificio de las Torres del Aniversario en Nairobi.

Las protestas se registraron igualmente en otras ciudades del país, entre ellas Kisumu, la tercera ciudad de Kenia y bastión de la CORD, donde también hubo manifestantes heridos.

La oposición acusa al presidente de la IEBC, Isaac Hassan, de apoyar al presidente del país, Uhuru Kenyatta, y de haberse confabulado con la alianza gobernante Jubilee para volver a amañar las elecciones, como a su juicio hicieron en 2013.

Aquel año, la coalición de Kenyatta venció en las elecciones con algo más del 50 % de los votos, lo justo para no tener que ir a una segunda vuelta, en unos comicios mayoritariamente pacíficos que hicieron olvidar la ola violencia postelectoral de 2008, en la que más de 1.200 personas perdieron la vida.

Los numerosos problemas registrados por el sistema de recuento electrónico -que al final fue abandonado a pesar de su alto coste- generaron una gran controversia entre las fuerzas opositoras, que acudieron a la justicia para denunciar el fraude, pero el Tribunal Supremo consideró que no había pruebas suficientes.