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Portugal deberá pagar indemnización de 150 millones por el AVE Madrid-Lisboa
El Estado portugués ha sido condenado a pagar 150 millones de euros al consorcio que ganó la obra para construir el tramo portugués del AVE Madrid-Lisboa, en el que figuraban las españolas Dragados e Iridium, informaron a Efe fuentes del ministerio luso de Planeamiento e Infraestructuras.
El Gobierno portugués va a contestar la decisión, para lo que cuenta con un plazo de 90 días, y va a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, añadieron las mismas fuentes.
Además, ya emprendió acciones judiciales para apartar del proceso a uno de los integrantes del tribunal, Manuel Carneiro da Frada, debido a que también ocupa el cargo de vicepresidente de la Asamblea General del Banco Comercial Portugués (BCP), entidad accionista del consorcio que ganó las obras del AVE.
El Ejecutivo luso considera que Carneiro da Frada “tiene intereses” en el proceso y por ello no debería formar parte del tribunal arbitral.
La decisión del tribunal arbitral constituido para analizar el caso, que data del pasado 27 de junio, había sido avanzada hoy por el diario luso “Público”.
En 2010, el Ejecutivo portugués liderado por el socialista José Sócrates asignó al consorcio Elos las obras para construir las infraestructuras del tramo en suelo luso de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, entre las localidades de Poceirão (afueras de Lisboa) y Caia (en la frontera con Badajoz).
Este consorcio estaba liderado por la constructora lusa Soares da Costa e integrado además por la concesionaria Iridium y la constructora Dragados (ambas filiales de la española ACS), la empresa portuguesa Brisa y la estadounidense Babcock Brown.
Dos años después y antes de que se iniciaran las obras, el Tribunal de Cuentas luso anuló el contrato por irregularidades y el Gobierno decidió cancelar el proyecto.
El consorcio Elos llegó a pedir una indemnización de casi 300 millones de euros por los costes soportados para preparar el proyecto, principalmente para acceder a la financiación, aunque redujo su petición a 170 millones tras llegar a un acuerdo con el anterior Gobierno en 2013.
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