Preocupación en la UE ante los cambios emprendidos por el nuevo Gobierno polaco

Las primeras semanas de gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia han hecho que Polonia pase de ser uno de los países más euroentusiastas a retirar literalmente las banderas europeas y emprender una serie de reformas legales, especialmente del Tribunal Constitucional, que preocupan en la UE.

De hecho, el próximo día 13 de enero la Comisión Europea (CE) analizará las medidas adoptadas por el nuevo Ejecutivo polaco para reformar el Tribunal Constitucional, según informan medios locales.

Previamente, el pasado 23 de diciembre, la CE ya envió una carta al Gobierno de Polonia en la que pedía una evaluación “completa y adecuada” del impacto de la reforma del Tribunal Constitucional “en su independencia y funcionamiento” antes de que entrase en vigor.

A pesar de las peticiones comunitarias, el presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado a Ley y Justicia, firmaba el pasado lunes la ley que modifica el TC y que, según la oposición, maniata el funcionamiento de la institución y la somete a un control político.

“Tras un profundo análisis y reflexión, queda claro que este cambio legal ayudará a fortalecer el papel de la corte Constitucional”, justificó entonces Duda, quien ratificaba así la reforma del TC aprobada previamente por la cámara baja del Parlamento (Sejm), donde Ley y Justicia tiene mayoría absoluta.

La reforma modifica el régimen de mayorías para determinar la constitucionalidad de las leyes, que pasa a ser de dos tercios, y además permite que tanto el presidente como el ministro de Justicia puedan iniciar procedimientos disciplinarios contra jueces del TC.

El principal partido de la oposición, la fuerza de centroderecha Plataforma Ciudadana, ha puesto el grito en el cielo y anunciaba hoy que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el propio TC para que se pronuncie sobre la validez de la nueva ley.

Lo cierto es que la reforma del Constitucional es hasta ahora el proyecto más ambicioso del nuevo Gobierno, emanado de las elecciones parlamentarias del pasado octubre, en que la formación nacional conservadora Ley y Justicia, el partido que lidera el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski, alcanzó la mayoría absoluta.

El paso del proyecto de ley por el Sejm estuvo precedido de protestas en las principales ciudades del país, donde miles de ciudadanos denunciaron el intento del partido gobernante de ejercer un control político sobre el alto tribunal.

La nueva ley llega después de que el Parlamento haya nombrado a cinco nuevos magistrados del TC contra la propia doctrina de la corte, y de que el jefe del Estado haya ratificado los nombramientos.

La opositora Plataforma Ciudadana, el partido del ex primer ministro y actual presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, considera que la nueva ley es un instrumento del Gobierno de Beata Szydlo para sacar adelante parte de sus propuestas con la aquiescencia del TC, entre ellas una posible reforma de la Constitución.

Pero las reformas emprendidas por la hegemónica Ley y Justicia no se ciñen en el TC, sino que van más allá y alcanzan a los medios de comunicación públicos y al funcionamiento de la policía.

Hoy el Parlamento debate una propuesta de ley para reforzar los poderes de la policía, especialmente en el marco de internet, que para la oposición permitirá a los cuerpos de seguridad “fiscalizar” la actividad de los ciudadanos en la red.

Pero es la ley de medios la que ha despertado más críticas, ya que obligará a los medios de comunicación públicos a seguir la línea oficial marcada por el Gobierno y ensalzar con sus contenidos la historia de Polonia.

En este clima “golpista”, como denuncia la oposición, la Asociación de Periodistas de Polonia ha acusado a Ley y Justicia de llevar a cabo “una caza de brujas” contra los periodistas independientes en medios públicos.

Mientras, y en el plan económico, el Sejm ya ha aprobado el “impuesto a los bancos”.

Estos tendrán que pagar el equivalente al 0,44 % por ciento de sus activos cuando éstos superen los 4.000 millones de zloty (940 millones de euros) en el caso de bancos y cooperativas de crédito, 2.000 millones de zloty (470 millones de euros) para las aseguradoras y reaseguradoras, y 200 millones de zloty (47 millones de euros) para otros prestamistas.

Esta medida fue anunciada por Ley y Justicia durante la campaña electoral, y el Ejecutivo defiende que los ingresos extra servirán para financiar proyectos sociales como el pago de 500 zloty (120 euros) por hijo y la reducción de la edad de jubilación.

Los siguientes en sufrir un incremento en sus impuestos serán los supermercados, según el ministro de Finanzas, Pawel Szalamacha, a partir de marzo de 2016.

El proyecto que estudia el Gobierno obligará a las tiendas con una superficie de más de 250 m2 a pagar un impuesto del 2 % de sus ingresos.