Presentan un protocolo para “restablecer” la libertad de expresión en Nicaragua

La opositora Alianza Cívica, contraparte del Gobierno de Daniel Ortega en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, presentó este martes un protocolo que busca “restablecer la libertad de expresión y el derecho a la información” en el país.

Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica y presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), explicó en rueda de prensa que ese protocolo fue elaborado en base a uno de los acuerdos suscritos con el Gobierno el pasado 29 de marzo, vinculado a fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.

Este protocolo tiene por objeto dictar las pautas a seguir para restablecer y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho de informar de periodistas, directores de programas independientes, dueños y trabajadores de medios de comunicación en Nicaragua, indicó.

El protocolo cubrirá a quienes fueron afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 y en el caso de nuevas afectaciones, agregó.

El protocolo fue elaborado con el apoyo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un organismo no gubernamental que ha documentado, desde el inicio de las protestas, el asesinato de un periodista (Ángel Gahona), el encarcelamiento de cinco comunicadores (ya excarcelados), más de 90 periodistas exiliados, además de 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa.

Las principales formas de represión registradas son las relacionadas con lesiones, amenazas, intimidación, acoso o presión, señaló en la rueda de prensa Cristiana Chamorro, directora de esa Fundación.

También ataques a la reputación y la honra de los periodistas críticos con el Gobierno, obstaculización al acceso de los medios materiales, ocupación arbitraria de propiedad mueble o inmueble, cancelación de personalidad jurídicas y detenciones y privación de libertad arbitrarias, continuó.

El protocolo contiene, entre varios aspectos fundamentales, el proceso de revisión de los casos, acciones que deberá adoptar el Estado de Nicaragua para garantizar esos derechos a los periodistas, directores de programas, dueños de medios y trabajadores de dichos medios, dijo, por su lado, Claudia Neira, negociadora de la Alianza Cívica.

También la obligación del Estado de garantizar las medidas de reparación, y la función de los miembros de la mesa de negociación y garantes para dar seguimiento y verificar la observancia de las disposiciones de este protocolo por parte del Estado de Nicaragua.

Además, el protocolo recomienda los mecanismos para la elaboración de expedientes de personas y medios afectados, y establece las coordinaciones correspondientes con otros protocolos para los casos de restitución de propiedad muebles e inmuebles, los derechos de los nicaragüenses en el exterior (exiliados) y la restitución de personalidad jurídica de organizaciones y sin fines de lucro, puntualizó Neira.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes “de lesa humanidad” en medio de la crisis.