Presidente sudafricano llevará a tribunales acusaciones contra él por mentir

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, comunicó hoy que llevará a los tribunales un reciente informe elaborado por la defensora del pueblo en el que se le acusaba de engañar al Parlamento sobre una donación realizada por una empresa acusada de corrupción.

“El informe es, en esencia y de forma irreparable, defectuoso”, afirmó este domingo Ramaphosa, en una comparecencia ante los medios en la sede del Ejecutivo en Pretoria.

Para el presidente, las acusaciones hechas públicas el pasado viernes por la defensora del pueblo de Sudáfrica, Busisiwe Mkhwebane, contienen “imprecisiones” materiales y las conclusiones legales son “irracionales”.

Además, según Ramaphosa, el informe excede en algunos casos los poderes de la Defensoría del Pueblo y se violó la Constitución por no habérsele dado la oportunidad de contestar.

“Dadas estas deficiencias y en congruencia con nuestra arquitectura constitucional, es apropiado que los tribunales den una decisión final e imparcial sobre este asunto”, añadió.

El presidente reiteró que la lucha contra la corrupción es una prioridad de su Gobierno y afirmó que no toma esta medida por falta de respeto a la defensora del pueblo -un puesto oficial independiente que vela por el buen desempeño dentro del Estado-, sino con la expectativa de que las instituciones democráticas salgan reforzadas.

Los hechos estudiados por la defensora del pueblo se remontan a noviembre pasado, cuando el principal partido de la oposición -la Alianza Democrática (AD)- le preguntó al presidente en la Asamblea Nacional (Cámara baja) sobre unas transferencias realizadas a un fideicomiso a nombre de su hijo Andile.

Los fondos procedían de la empresa Bosasa, adjudicataria de lucrativos contratos con el Estado y, actualmente, bajo investigación por graves escándalos de corrupción.

En el momento de las operaciones, Ramaphosa era el vicepresidente del Gobierno de Jacob Zuma -forzado a dimitir en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos-, pero se encontraba ya en plena campaña para alcanzar la presidencia del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA).

Las transferencias ascendían a medio millón de rands (unos 36.000 dólares) y, en su respuesta en el Parlamento, Ramaphosa aseguró que se trataba de un pago legítimo por servicios de consultoría prestados por su hijo.

Diez días después, Ramaphosa dio marcha atrás y envió una carta al Legislativo para aclarar que los fondos fueron, en realidad, una donación de campaña de la que él no tenía conocimiento.

“Mi respuesta estaba basada en la información que tenía en aquel momento”, explicaba el gobernante en su texto.

Su equipo prometió que se auditaría y devolvería el dinero, pero la oposición le atacó duramente y reclamó investigaciones independientes.

La defensora del pueblo estudió los hechos en los últimos meses y, el pasado viernes, difundió sus conclusiones al respecto, acusando al presidente de haber “engañado deliberadamente” al Parlamento.

Además, Mkhwebane pidió una investigación sobre las operaciones por sospechas de posible lavado de dinero y de corrupción que involucrarían a Ramaphosa y su familia.

Estas acusaciones suponen una grave mancha para la reputación de Ramaphosa, quien en su ascensión hacia el poder hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas.

Paralelamente, la propia defensora del pueblo también ha sido blanco recientemente de acusaciones de partidismo y de hacer “política sucia” contra Ramaphosa y su entorno.