El juez envía a prisión sin fianza al hombre que estrelló su coche contra la sede del PP

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha ordenado este sábado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Daniel Pérez Berlanga por los delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños, después de que, a primera hora de la mañana del viernes, estrellara su vehículo contra la sede del Partido Popular ubicada en la calle Génova, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Precisamente este sábado, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha remitido las actuaciones a los juzgados ordinarios al no ver delito de terrorismo en la actuación del detenido. El magistrado de guardia esta semana le imputaba delitos de estragos, tenencia de explosivos y un delito contra las personas, pero ninguno de ellos de competencia de la Audiencia Nacional, órgano al que le fue encomendado en primera instancia este caso por el Ministerio del Interior, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. 

De este modo y tras estudiar los atestados policiales, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó inhibirse de este asunto con informe favorable del fiscal. En concreto, las citadas fuentes explicaron que, tras analizar los hechos, la declaración policial y los efectos e instrumentos aprehendidos en el registro de su domicilio, el juez concluyó que no se trata de un delito de terrorismo, que arrastraría la competencia a la Audiencia Nacional, sino de delitos de estragos del artículo 346 del Código Penal en concurso con delito de tenencia de sustancias explosivas del 563 y delito contra las personas del artículo 138. 

Asimismo, en su auto Gómez Bermúdez analizaba las conductas que encajarían dentro de los delitos terroristas, que “persiguen una finalidad política, de subvertir el orden constitucional y de alterar gravemente la paz pública”. 

Según indicaron, en este caso “no aparece dato alguno” que permitiera afirmar el carácter terrorista de la acción, en el sentido de que su finalidad hubiera sido desestabilizar el sistema democrático, pues “el mero hecho de alterar la paz pública no determina que sea un delito de terrorismo competencia de la Audiencia Nacional”. 

El magistrado recordaba asimismo que los propios investigadores concluyeron que “el detenido actuó solo y sin relación ni cooperación, contacto o subordinación a otro y otros, por lo que ha de excluirse en este momento que pertenezca a una organización”. 

Según fuentes policiales, el detendo, de 37 años, estuvo ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Royo de Villanova de Zaragoza por problemas mentales. Además, a la Guardia Civil le consta un robo de vehículo en 1999. Una patrulla del Instituto Armado le localizó entonces conduciendo con un coche robado que utilizó para viajar desde su pueblo, Bronchales (Teruel), hasta Zaragoza, de acuerdo con las mismas fuentes.

El hombre declaró ante la policía que su plan pasaba por atacar a toda la clase política. En las primeras explicaciones que dio a los agentes en la comisaría de Moratalaz a la que fue trasladado explicó que atacó la sede nacional como podría haberlo hecho en la sede de otro partido o en el Congreso de los Diputados.