Prisión sin fianza para salvadoreño reclamado por España por crimen de jesuitas

El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por España por el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989, quedó hoy en prisión provisional en EEUU a la espera de la vista de extradición, informó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia.

Montano Morales, de 72 años, debía salir hoy de la prisión de Carolina del Norte en la que cumplió una condena de 21 meses de cárcel por haber mentido sobre su estatus migratorio para no regresar a El Salvador.

Pero en lugar de dejarle en libertad, el tribunal de Carolina del Norte encargado de su caso decretó su prisión provisional sin derecho a fianza hasta que se produzca la vista de extradición por el asesinato durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992) de los cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría.

“Montano Morales tuvo su primera comparecencia hoy en la denuncia que solicita su extradición a España. El tribunal designó a un abogado para él y lo dejó detenido sin derecho a fianza”, indicó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia.

Esta institución pidió el 8 de abril a un tribunal de Carolina del Norte que apruebe la extradición del exmilitar a España al considerar que debe ser enjuiciado por el asesinato, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- además de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

Como viceministro de Defensa Nacional, Montano tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, “se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes”, argumentó el Departamento de Justicia en el escrito para solicitar la extradición.

La Justicia de EEUU responde así a la solicitud que cursó en 2011 el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco para que sean extraditados a España 20 militares salvadoreños implicados en la matanza de los jesuitas durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

“La vista de hoy confirma que el proceso puede ir bastante rápido”, dijo a Efe la abogada Almudena Bernabéu, que representa en el caso de los sacerdotes asesinados al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en inglés).

Esta institución para la defensa de los derechos humanos, basada en San Francisco, impulsó la apertura del proceso, cuando en 2008 interpuso ante la Audiencia Nacional una querella conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

El Salvador celebró un juicio contra los militares, pero el magistrado español encargado del caso lo consideró un fraude de ley, aseguró que los hechos no habían sido correctamente investigados y, por ello, reclamó la extradición de los militares.