Prisiones avala el tercer grado a Matas, “doble vara de medir” para la oposición

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha avalado hoy la concesión del tercer grado al expresidente balear Jaume Matas, que ha considerado legal y no arbitraria, aunque la oposición le ha recriminado la “doble vara de medir” del Gobierno para los condenados por corrupción.

“Se observó la legalidad” y no fue “gracioso ni arbitrario” ni supone ningún beneficio ni privilegio, ha enfatizado Yuste en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha comparecido durante cuatro horas largas, a petición propia y de varios grupos de la oposición, para explicar la concesión del régimen abierto al también exministro.

Matas accedió al tercer grado el pasado 29 de octubre cuando había cumplido tres de los nueve meses de cárcel por los que fue condenado por un delito de tráfico de influencias.

Fue Yuste quien finalmente dictó la resolución después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, donde estaba ingresado, no consiguiera la unanimidad de sus ochos miembros, ya que cinco votaron en contra y tres, a favor del tercer grado.

Yuste ha aludido a los informes de los técnicos para justificar ese tercer grado e, incluso, ha recordado que los miembros de la Junta de Tratamiento que votaron en contra consideraron que Matas estaba reinsertado, con una familia formalizada, con un trabajo y con contactos sociales, que “siempre ha tenido y los tendrá”.

La propuesta para que Matas accediera al tercer grado se presentó el 25 de septiembre y el centro directivo resolvió el 29 de octubre, unos plazos para resolver la nueva clasificación que respondieron a lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario, ha dicho Yuste, que dictó una resolución “motivada y revestida” de las normas legales.

Ha querido dejar claro que la resolución fue “escrupulosamente respetuosa con la legalidad” y que tomó en cuenta las circunstancias que expusieron todos los miembros de la Junta de Tratamiento, tanto los que votaron en contra como a favor.

Entre ellas, la duración de la pena; el medio social al que retorna el condenado; su personalidad e historial individual, familiar, social y delictivo; y su capacitación para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad, como argumentaron los que estaban a favor y los que se oponían.

Ha indicado que, en todo caso, se ha respetado “el principio de individualización científica previsto en la ley” y la inexistencia de responsabilidad civil derivada del delito en el fallo condenatorio.

No han convencido sus argumentos a la oposición y, así, el diputado del PSOE Pablo Martín ha opinado que la concesión del tercer grado “sólo se sostiene desde una óptica política”, a la vez que ha reprochado a Yuste haber tenido en cuenta solo los argumentos de los tres que votaron a favor del tercer grado, que son cargos de designación directa, frente al criterio de los técnicos -los otros cinco-.

Martín ha preguntado a Yuste si se han comprobado los encargos profesionales de Matas, que se dio de alta en el régimen de autónomos durante su estancia en prisión.

Desde la Izquierda Plural, Ricardo Sixto ha aludido a la gran “alarma social” creada por una decisión “absolutamente injustificable” y solo “comprensible por la pertenencia de Matas al PP”.

Una decisión “condenable” que “no dice nada de la voluntad del Gobierno del PP de luchar contra la corrupción y contra los delincuentes de guante blanco”, ha sentenciado.

Mientras, Emilio Olabarria, del PNV, ha asegurado que la decisión es “ilegal” y hace “daño al discurso regeneracionista” del PP, en tanto que Toni Cantó, de UPyD, ha acusado a Yuste de tener una “doble vara de medir” y de adoptar una resolución “puramente política que contradice las soflamas del Gobierno en la lucha contra la corrupción”.

Durante su réplica, Yuste ha señalado que lo normal es que si alguien vota que un preso se mantenga en segundo grado no diga que “está plenamente reinsertado y en condiciones de vivir en un régimen de semilibertad”.

Ha negado que la decisión se deba a un “impulso político”, ha dejado claro que él sirve “con objetividad a los intereses generales” y que lo que la ley dicta para los funcionarios es “sagrado” para él.