Procuraduría de Costa Rica: puestos en Cancillería no son “de confianza”

La Procuraduría General de la República (PGR) de Costa Rica emitió hoy un criterio vinculante en el cual asegura que los puestos de dirección en Cancillería no son “de confianza”, y que deben ser desempeñados por personas sujetas a requisitos del Estatuto de Servicio Exterior.

Este criterio, al que Efe tuvo acceso, fue solicitado por el Ejecutivo y se da tras una polémica acerca de la legalidad de los nombramientos hechos por la canciller y vicepresidenta costarricense, Epsy Campbell.

“Los puestos de director de la Dirección General de Política Exterior, Dirección General de Servicio Exterior, Dirección de Cooperación Internacional, Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado y Culto, y el Instituto Manuel María Peralta, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no pueden ser catalogados como 'de confianza'”, cita el pronunciamiento, firmado por el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla.

El Gobierno había expresado que hacía la consulta a la Procuraduría General de la República con el objetivo de “aclarar, en su totalidad, las reglas que rigen para ocupar esos cargos”.

“De acuerdo con lo regulado por el Estatuto de Servicio Exterior la de República (Ley No. 3530), el servicio exterior se integra con tres clases de funcionarios: el personal de carrera, el personal en comisión y el personal técnico y auxiliar”, indica el documento.

Agrega que “por regla general las funciones del servicio exterior -que comprende indistintamente el Servicio Diplomático, el Servicio Consular y el Servicio Interno-, salvo las excepciones contempladas por esa Ley, deben ser desempeñadas por la primera de esas tres clases; es decir los funcionarios de carrera”.

De los siete cargos cuestionados, dos fueron nombrados durante la gestión de Campbell, en el actual Gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022); tres en el pasado Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), y dos en la administración de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014).

La Cancillería informó que desde el año 2000 se han realizado al menos 30 nombramientos de funcionarios de carrera en puestos de dirección, sin que necesariamente contaran con el rango de embajador dentro del escalafón diplomático.

“Bajo ninguna circunstancia una práctica anómala o costumbre administrativa contra legem puede perpetuarse y convertirse en fuente de derecho, y mucho menos generar derechos adquiridos; máxime cuando existe jurisprudencia administrativa acerca de los temas concernidos, que se constituye como fuente normativa del ordenamiento, y como tal, es de acatamiento obligatorio y debe ser respetada por la Administración Pública”, expresa la Procuraduría.

La Procuraduría, había emitido el pasado martes un criterio similar tras una consulta de la diputada del opositor Partido Liberación Nacional, Ana Karine Niño, acerca de las personas nombradas en la Dirección de Política Exterior y el cargo alterno de esa dependencia.

Sin embargo, el criterio no era vinculante porque no había sido solicitado por el Gobierno.

Los diputados de oposición han exigido desde hace semanas la renuncia o destitución de Campbell debido a estos y otros nombramientos cuestionados.

Campbell, primera mujer en dirigir la cancillería y primera vicepresidenta negra de un país de América continental, compareció ante una comisión del Congreso, en octubre pasado, donde fue interrogada acerca de los nombramientos en la Cancillería.

Además, la Fiscalía General investiga de oficio desde julio pasado los nombramientos realizados en la Cancillería para determinar si existe algún delito o irregularidad.

El presidente Alvarado ha manifestado en reiteradas ocasiones su confianza en la legalidad de las decisiones de su vicepresidenta y canciller.