Una Proposición no de Ley para cincuenta víctimas en defensa de la democracia
Parece de escaso interés político presentar una Proposición no de Ley (PNL) que sólo afecte a medio centenar de personas. Hay un cupo, un turno, donde los partidos piensan en iniciativas que lleguen a los colectivos más numerosos. El número de afectados por la última PNL registrada por el PSOE, en el caso de que se apruebe, afectaría a un total de cincuenta familias.
Sin embargo, el diputado vasco Ramón Jáuregui se ha saltado los cánones establecidos y presentó este jueves en el registro del Congreso una propuesta que, en síntesis, pide que se exima del IRPF a las indemnizaciones a las víctimas que defendieron la democracia entre 1968 y 1977, la mayoría asesinadas por las fuerzas de la Policía franquista o por grupos de ultraderecha.
Jáuregui explicó a eldiario.es que casi todas las víctimas están exentas de las indemnizaciones que reciben, menos este pequeño grupo. “Para el Estado es muy poco dinero, porque estamos hablando de muy poca gente, pero a ellas les supone mucho”. Es más, el diputado socialista piensa reunirse con Montoro para negociar estas migajas económicas, y espera conseguirlo.
En la exposición de motivos de la PNL, Jáuregui explica que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (conocida como Ley de Memoria Histórica), declara exentas las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad (prisión) como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Igualmente, el artículo 9 concede ayudas para compensar la carga tributaria de las personas que hubieran percibido dichas indemnizaciones desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 52/2007.
Sin embargo, no se contempla un artículo análogo para las indemnizaciones reconocidas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977 (transición a la democracia), por lo que, en principio, están sujetas a tributación.
La diferencia en el tratamiento fiscal, según el diputado, no parece estar justificada. Y, además, recuerda que la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, establece que las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de carácter económico a que se refiere la citada ley estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas.
Por todo ello, reclama al Gobierno “eximir de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las indemnizaciones reconocidas a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, así como establecer un mecanismo de compensación de la carga tributaria soportada por los beneficiarios en el supuesto de indemnizaciones ya percibidas.
En este caso, estamos hablando de medio centenar de familias indemnizadas con unos 200.000 euros, a los que ahora Hacienda les pide cerca de 60.000. Para la Administración Tributaria es el “chocolate del loro”, el PSOE no lo hace por afán electoral y Jáuregui dice que “es de justicia” poder buscar una solución.
