El PP dice que el Gobierno ha utilizado el indulto “en contadísimas ocasiones” y “nunca para un corrupto”
Tal y como se esperaba, el PP se ha opuesto este martes en el Congreso a que se admita a trámite una proposición de ley del PSOE por la que se exige la reforma de la ley del indulto para prohibir que los condenados por delitos de corrupción puedan acogerse a esta medida de gracia. Todos los demás grupos de la oposición respaldaron la iniciativa de los socialistas.
El portavoz del PP, Arturo García-Tizón, ha cargado contra el PSOE por considerar que su propuesta de reforma de la ley del indulto “tiene un claro tinte oportunista, está incompleta y falta de rigor”.
El popular ha reconocido que la corrupción “es un problema social y político que actualmente existe”, pero ha acusado a los socialistas de “aprovecharse interesada y partidistamente” de ese problema, “contra el que está luchando denodadamente el Gobierno del PP”.
Es más, García-Tizón ha asegurado que la medida de gracia “ha sido utilizada en contadísimas ocasiones por este Gobierno”, que no ha otorgado “ningún indulto por delito de corrupción”, algo que se ha demostrado absolutamente falso.
El portavoz socialista, Gabriel Echávarri, que intervino en primer lugar para defender la propuesta de su grupo, argumentó que es una ley que data de 1870 y que, “tal y como está ahora, mal aplicada, puede hacer mucho daño a la confianza de los ciudadanos en el sistema”, ya de por sí bastante deteriorada. Por ello afirmó que “es necesario afinar” la normativa para que no “chirríen” ciertas cosas o, “al menos, para que chirríen menos”.
“Queremos modificar la ley para que no se indulte a un corrupto. Es un absoluto clamor en la sociedad española”, ha dicho el diputado del PSOE. “Me da lo mismo lo que diga el PP, nosotros venimos sin complejos. La corrupción no es de izquierdas ni de derechas, o es de decentes o de indecentes. Se está a favor de ella o se está en contra”, añadió Echávarri.
Antes de finalizar, el diputado del PSOE advirtió a los populares: “Si votan en contra, van a quedar con los corruptos y contra la sociedad española. Hay que cerrar la puerta de forma tajante y todos juntos a esa posibilidad, gobierne quien gobierne”, afirmó, recordando al PP el indulto “vergonzante” que otorgó Gallardón al kamikaze de Alzira.
Por la Izquierda Plural, Josep Nuet destacó “el carácter político” de casi todas las medidas de gracia y la “falta de transparencia del proceso”, dos aspectos que, a su juicio, justifican la reforma de la ley del indulto.
“El uso del indulto se ha convertido en un mecanismo de abuso por parte de los sucesivos Gobiernos, pero especialmente del Gobierno del PP”, aseguró Nuet, que acusó además al Ejecutivo de Rajoy de usar la medida de gracia “para favorecer a sus amigos”.
Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, recordó que su grupo ya presentó anteriormente iniciativas similares a las del PSOE con cuyo contenido dijo estar fundamentalmente de acuerdo, por lo que adelantó el apoyo de su grupo.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, se sumó también a la propuesta del PSOE afirmando que “está preñada de sentido común”. Olabarria rechazó la normativa actual por considerarla “extemporánea”. “Algunos indultos que se han concedido no son graciosos, son escandalosos”, sentenció el diputado peneuvista, que reclamó también que se motiven.
Los catalanes de CiU se sumaron también a la propuesta del principal grupo de la oposición. Su portavoz, Jordi Jané, matizó, no obstante, que lo que realmente sería necesario es “una reforma global” de la ley aunque, si no puede ser, añadió, “bienvenida sea esta propuesta del PSOE”. Jané exigió “transparencia”, un mayor control de los indultos y la posibilidad de recurrirlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
También los dos representantes del Grupo Mixto que intervinieron en el debate, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, y Olaia Fernández, del BNG, dieron el respaldo a la propuesta y exigieron la necesidad de modificar la norma actual por ser “opaca” y más propia de “regímenes absolutistas”.
La iniciativa del PSOE exige que no pueda aplicarse la medida de gracia ni total ni parcialmente “cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”.
Además, pide que solo se conceda si hay un criterio favorable del magistrado o el tribunal sentenciador y que las medidas de gracia vengan motivadas por “razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado para poder otorgar el indulto total”.
Los socialistas también creen que la nueva normativa debe obligar al Gobierno a enviar cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso una copia de las resoluciones de los indultos concedidos, así como de los expedientes que considere necesarios.
