Protestas contra Ortega dejan millonarias pérdidas y a 119.567 sin empleo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó hoy que las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega han dejado pérdidas por 961,4 millones de dólares y sin empleo a 119.567 personas.

“Los daños ocasionados a la economía se cuantifican en 205,4 millones de dólares como destrucción en el sector público, 231 millones de dólares en pérdidas en el sector turístico y 525 millones de dólares en el sector transporte”, precisó la Cancillería en un informe.

“Todo ello causó un impacto directo en la población con la pérdida de 119.567 empleos y 7.000 millones de córdobas (unos 218 millones de dólares) en reducción del Presupuesto General de la República” para este año, detalló.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, “en los meses de abril a julio el pueblo de Nicaragua fue sometido a un intento de golpe de Estado por grupos políticos disfrazados de organizaciones no gubernamentales (ONG), asociados al crimen organizado y financiados desde el exterior”.

Agregó que esas ONG, cuyos nombres no especificó, ejecutaron “secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos, saqueos, obstrucción de vías públicas, destrucción e incendios de edificios públicos”, y que “este intento de golpe de Estado atentó contra la paz, la seguridad, la estabilidad y la economía del pueblo de Nicaragua”.

“Las acciones terroristas y delitos cometidos dejaron como resultado 198 personas fallecidas -Ejecutivo reconoce 199-, de las cuales 22 eran miembros de la Policía Nacional, 1.240 personas lesionadas, de las cuales 401 son oficiales de la Policía Nacional”, de acuerdo con la Cancillería.

“Estos grupos golpistas ocasionaron daños a la infraestructura del país: 252 edificios fueron vandalizados y dañados, 209 kilómetros de calles y carreteras fueron destruidas, 278 maquinarias pesadas fueron vandalizadas y quemadas, y 389 vehículos fueron destruidos”, según el reporte.

El Ministerio de Exteriores explicó que con posterioridad a esos “hechos de violencia y destrucción”, las instituciones competentes del Estado de Nicaragua, en cumplimiento a la Ley, han trabajado en la investigación y enjuiciamiento de los autores y partícipes, contabilizando al 5 de noviembre pasado “273 personas presas por estos delitos”.

Asimismo, informó que el Gobierno de Nicaragua, “comprometido siempre con la reconciliación y la paz en nuestro país, que se construye todos los días desde las familias y comunidades, realiza una amplia consulta nacional para enriquecer y elevar a la Asamblea Nacional una propuesta de política de Estado que establece una cultura nacional de reconciliación y paz”.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 535 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.