Proyecto sobre Inteligencia en Argentina avanza pese a plantón opositor

El debate del proyecto gubernamental para crear una nueva agencia de Inteligencia en Argentina avanzó hoy en comisiones del Senado pese al “plantón” de la oposición, que resolvió no acudir para no ser parte de lo que tachó de “farsa”.

La iniciativa fue defendida en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales por los secretarios de Inteligencia, Oscar Parrilli, y del área Legal y Técnico de la Presidencia argentina, Carlos Zannini.

El proyecto prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con cargos elegidos por el Senado, que reemplace a la actual Secretaría de Inteligencia, en el ojo del huracán desde la muerte del fiscal Alberto Nisman el pasado 18 de enero, en circunstancias aún sin aclarar.

El oficialismo, mayoritario en ambas cámaras del Congreso, confía en emitir un dictamen favorable al proyecto cuando las comisiones vuelvan a reunirse este miércoles, aún si la oposición vuelve a ausentarse del debate, ya que el gobernante Frente para la Victoria cuenta con número suficiente para sacar adelante la iniciativa.

El secretario de Inteligencia, Óscar Parrilli, aseguró que la norma ayudará “a tener una inteligencia al servicio de la democracia en Argentina”, estableciendo “un marco jurídico de toda la actividad de todos los organismos de inteligencia de Argentina, de acuerdo a los principios de la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos”.

Zannini sostuvo, en su turno, que el objetivo del proyecto es “mejorar sin modificar sustancialmente el sistema de inteligencia, achicando y especializando el órgano rector”.

El punto más polémico del proyecto de ley es el aumento del poder de la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, estrechamente vinculada a la presidenta, por la transferencia del sistema judicial de escuchas de la SI al Ministerio Público Fiscal.

Según Parrilli, la oposición quiere reducir la discusión a este punto por estar en contra de Gils Carbó, cuando hay proyectos anteriores de senadores opositores que otorgaban esa actividad al Ministerio Público Fiscal.

A pocos metros y en simultáneo, la oposición cargó contra la propuesta remitida por la presidenta argentina, que el oficialismo planea debatir en la cámara alta la semana próxima tras un trámite extraordinario.

“No queremos prestarnos a la farsa del Gobierno, que quiere tapar la verdad de la muerte del fiscal Nisman con esta ley de inteligencia”, afirmó el senador Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, en una rueda de prensa brindada por los bloques de la oposición en el Congreso.

Adelantaron que realizarán un encuentro este miércoles con los diputados de la oposición para trabajar en una agenda común y convocar a una audiencia pública sobre el caso Nisman.

“Discutir unas modificaciones en la ley de inteligencia para que no cambie nada o lo poco que cambie sea para ejercer un poder aún más siniestro, no nos parece. Debemos tener una actitud más coherente”, agregó el senador Adolfo Rodríguez Saá tras decir que “Argentina está conmovida” por la muerte de Nisman.

Mientras, a las puertas del Congreso, un centenar de militantes del izquierdista Partido Obrero expresó también su rechazo a la nueva normativa, que ve como un intento de “lavado de cara” del Gobierno tras el escándalo político provocado por la muerte del fiscal que denunció a Cristina Fernández por presunto encubrimiento de terroristas.

Aprobar el proyecto oficialista es “dejar el mismo perro con distinto collar, es decir, cambiar el nombre a los mismos servicios de inteligencia que han actuado de un modo conspirativo contra el país y contra la población durante décadas”, dijo a Efe Marcelo Ramal, diputado del Partido Obrero, presente en la protesta.

Nisman murió de un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires el pasado 18 de enero, la víspera de comparecer en el Congreso para detallar su denuncia contra la mandataria argentina.

Según sostenía el fiscal, Fernández y algunos de sus colaboradores orquestaron un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

El Gobierno sostiene que la muerte de Nisman se enmarca en una operación de desestabilización de agentes secretos desplazados de sus cargos el pasado diciembre.